El conflicto por el control institucional de la Asociación del Fútbol Argentino sumó un capítulo de fuerte contenido político. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, reconoció formalmente el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al partido bonaerense de Pilar y dejó asentada su radicación en la calle Mercedes 1366, pese a que inspectores nacionales describieron ese lugar como un baldío sin actividad administrativa.
La decisión provincial se conoció pocas horas después de que la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del gobierno nacional, solicitara la designación de veedores para revisar los estados contables de la entidad que preside Claudio Tapia. La simultaneidad de ambos movimientos convirtió una discusión administrativa en un enfrentamiento abierto entre Nación y Provincia.
La Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) dio por finalizado el trámite de cambio de jurisdicción y la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024. Desde entonces, la AFA quedó formalmente radicada en la Provincia de Buenos Aires, con sede social en Pilar y sede deportiva en el predio de Ezeiza.
Con ese acto administrativo, la gestión de Kicillof consolidó la competencia exclusiva de su órgano de contralor sobre la entidad. En términos jurídicos, el domicilio declarado quedó convalidado por la autoridad registral bonaerense. En términos políticos, el mensaje fue claro: la fiscalización de la AFA pasa a estar bajo órbita provincial.
En paralelo, la IGJ argumentó que la AFA no presentó en tiempo y forma documentación vinculada a sus estados contables y otra información complementaria requerida para el control legal. Sobre esa base, solicitó la designación de veedores con facultades para examinar libros, balances y documentación respaldatoria.
El organismo nacional sostuvo que la medida no implica una intervención, sino un mecanismo previsto en la normativa para garantizar el cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales. Desde la Casa Rosada, el eje discursivo gira en torno a la transparencia contable y la supervisión de estructuras con fuerte peso económico e institucional.
El punto central del conflicto es la jurisdicción. Tras la inscripción en la Provincia, la AFA difundió un comunicado en el que afirmó que la IGJ “carece de legitimidad y jurisdicción” para ejercer control sobre la reforma estatutaria y el cambio de domicilio, al haber perdido el poder de policía sobre la entidad.
Desde la óptica bonaerense, la inscripción registral es suficiente para consolidar la competencia provincial, sin que la constatación física del inmueble modifique la validez del acto administrativo. Desde la Nación, en cambio, la descripción del domicilio como un terreno baldío refuerza las sospechas sobre la regularidad del trámite.
La controversia se inscribe en la ya tensa relación entre el presidente Javier Milei y Kicillof. El gobernador bonaerense se ha posicionado como uno de los principales opositores al proyecto libertario, y cada disputa institucional adquiere dimensión política.
La AFA no es una asociación civil cualquiera: concentra recursos millonarios por derechos televisivos y contratos comerciales, además de un capital simbólico decisivo en la sociedad argentina. El respaldo provincial a Tapia aparece así como un gesto de autonomía frente al gobierno nacional.
Si la IGJ avanza con la designación de veedores y la Provincia desconoce esa facultad, el conflicto podría escalar hacia una disputa judicial por competencia. De lo contrario, la conducción de la AFA quedará bajo un esquema de fiscalización alineado exclusivamente con la jurisdicción bonaerense. En ese escenario, la pelea por los números del fútbol argentino se transformó en un nuevo capítulo de la puja política entre Nación y Provincia.
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