Jujuy y un solo centro para adolescentes en conflicto con la ley penal: piden ampliar la cobertura

El diputado Martín Fellner presentó un proyecto para crear y regionalizar Centros de Admisión y Derivación en la Puna, Quebrada, Valles y Yungas.

La iniciativa busca evitar que las distancias y la falta de infraestructura dificulten la atención de menores de edad y garantizar condiciones adecuadas en toda la provincia.

La falta de infraestructura para atender a adolescentes en conflicto con la ley penal genera preocupación en Jujuy. Actualmente, la provincia cuenta con un solo Centro de Admisión y Derivación (CAD) operativo, ubicado en el barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy, una situación que, según advirtió el diputado provincial Martín Fellner, evidencia las desigualdades que enfrentan las distintas regiones.

Frente a este escenario, el legislador justicialista presentó un proyecto para ampliar y regionalizar estos dispositivos, con el objetivo de garantizar una cobertura que alcance a la Puna, Quebrada, Valles y Yungas. La propuesta contempla espacios especializados que funcionen las 24 horas, durante todos los días del año.

Los CAD son centros de atención transitoria destinados a adolescentes aprehendidos por las fuerzas de seguridad. Su función es evitar que permanezcan alojados en comisarías y brindarles asistencia especializada, además de coordinar con la Justicia y los organismos competentes las medidas y derivaciones correspondientes.

“Lamentablemente existe actualmente un único CAD operativo en toda la provincia, ubicado en el barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy. No se tiene en cuenta la complejidad y las distancias de las distintas regiones de nuestra geografía, generando una profunda desigualdad territorial”, sostuvo Fellner.

El diputado señaló que la iniciativa apunta a impedir que las distancias, los horarios o la ausencia de instalaciones adecuadas condicionen la atención de los adolescentes o deriven en su alojamiento en dependencias destinadas a personas adultas detenidas.

La propuesta prevé que estos centros puedan garantizar, desde el primer momento, asistencia profesional, atención sanitaria, acceso a la defensa y comunicación con familiares o referentes afectivos. Para ello, se plantea la intervención de equipos especializados que evalúen cada situación y articulen el trabajo con los organismos de protección, las fuerzas de seguridad y la Justicia.

En cuanto a la infraestructura, el proyecto solicita al Poder Ejecutivo provincial que priorice el aprovechamiento y la adaptación de edificios estatales existentes. La ubicación de los nuevos espacios debería definirse de acuerdo con las necesidades de cada región, las distancias que deben recorrerse y la demanda de atención.

Además, propone actualizar los protocolos de actuación para establecer procedimientos comunes en todo el territorio jujeño y garantizar criterios de intervención uniformes.

La permanencia de los adolescentes en estos dispositivos tendría carácter estrictamente transitorio, bajo control judicial y sin constituir una sanción penal. El planteo busca que la respuesta estatal no dependa del lugar de residencia y que los jóvenes de las regiones más alejadas tengan las mismas garantías de atención que quienes se encuentran en la capital provincial.