Clarens, el financista del poder K, que reveló el esquema de recaudación establecido por el expresidente Néstor Kirchner
El juicio oral por la causa de los cuadernos de la corrupción transita su tramo final en la etapa de lectura de las acusaciones. En la audiencia número 12, el Tribunal Oral Federal N°7 continuó con la exposición del expediente que investiga la cartelización de la obra pública, uno de los desprendimientos centrales de la megacausa iniciada a partir de los escritos del chofer Oscar Centeno.
En este tramo del proceso se juzga a 86 imputados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, acusados de haber integrado un sistema de recaudación ilegal de sobornos provenientes de empresarios contratistas del Estado.
El expediente en curso se centra en la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida en Comodoro Py como “La Camarita”, donde el financista Ernesto Clarens aparece señalado como el organizador del circuito del dinero de las coimas, en coordinación con el empresario Carlos Wagner, entonces referente del sector de la obra pública.
Según la acusación impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, el objetivo de la asociación ilícita era recaudar retornos ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas, con porcentajes que oscilarían entre el 3% y el 20% del monto de los contratos. Las confesiones de Clarens, López y varios empresarios arrepentidos resultaron determinantes para sustentar la acusación, representada en el debate oral por la fiscal Fabiana León.
Para el Ministerio Público Fiscal, De Vido fue “el máximo responsable de concretar el sistema”, mientras que otros funcionarios operaban como intermediarios entre el poder político y las empresas.
Durante las audiencias previas se detallaron cifras que reflejan la magnitud del esquema investigado. Ángelo Calcaterra, ex titular de IECSA, fue beneficiado con 23 obras por casi $2.900 millones, mientras que habría abonado sobornos por alrededor de $3,5 millones.
En tanto, Aldo Benito Roggio, ex presidente de Benito Roggio e Hijos, está acusado de haber realizado once pagos ilegales por $5,9 millones, a cambio de 22 obras adjudicadas por más de $3.300 millones por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.
La última audiencia, que se extendió durante casi cinco horas, alcanzó la página 370 de las 420 del pedido de elevación a juicio del caso “La Camarita”. De no mediar contratiempos, la lectura concluirá en la jornada actual.
Aldo Benito Roggio, uno de los empresarios vinculados con la causa de los cuadernos
Una vez finalizada esta etapa, el tribunal dará inicio a la lectura del expediente 18.590/2018, que investiga presuntas coimas en la concesión del Corredor Vial N°1 entre 2003 y 2007, con De Vido y el ex funcionario Claudio Uberti entre los imputados.
Quedará luego el tercer expediente paralelo, vinculado a irregularidades en contratos ferroviarios durante el primer período del kirchnerismo, donde figura como principal acusado el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.
La audiencia número 12 comenzó poco después de las 9.25. Entre los primeros imputados mencionados estuvo Pablo Gutiérrez, de la firma Fontana Nicastro, acusado de un pago de cohecho y señalado por Wagner y Clarens como parte del esquema de contactos para destrabar cobros en Vialidad.
También se detallaron las imputaciones contra Jorge Sergio Benolol, de JCR S.A., acusado de pagar $85 millones en sobornos a cambio de 44 obras adjudicadas por más de $5.200 millones, y contra Luis Armani, representante de Vialmani S.A., quien reconoció haber entregado $500.000 como “contribución” para acelerar el pago de certificados de obra.
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