Magistrados del Poder Judicial de Jujuy formaron parte de la primera experiencia en juicio por jurados desarrollada por el Poder Judicial de Salta, en el marco del inicio de una audiencia bajo esta modalidad en la vecina provincia.
La comitiva estuvo integrada por los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Martin Llamas y Mercedes Arias, junto al Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti. También participaron jueces con Función de Juicio, con Función de Control y la jueza con Función de Control de Niños, Niñas y Adolescentes.
La actividad se desarrolló el 2 de marzo, en coincidencia con el comienzo de la primera audiencia de juicio por jurados en Salta, en la que se juzga a un joven de 21 años acusado del delito de femicidio.
Intercambio institucional y recorrido por la sala
Los magistrados jujeños fueron recibidos por autoridades de la Corte de Justicia de Salta, encabezadas por su presidenta, Dra. Teresa Ovejero Cornejo; el vicepresidente, Mag. Jose Gabriel Chiban; y el Dr. Pablo Lopez Vinials. Durante el encuentro, interiorizaron a la delegación sobre la puesta en marcha del sistema y los aspectos operativos de su implementación.
Posteriormente, recorrieron la sala de audiencias donde se desarrolla el debate, observaron las condiciones técnicas del espacio y tomaron conocimiento del procedimiento de selección de jurados, que definía los 12 miembros titulares y los 4 suplentes encargados de integrar el tribunal popular.
Avances hacia la implementación en Jujuy
La visita permitió a los jueces jujeños conocer de primera mano el funcionamiento práctico del juicio por jurados, sistema que en Jujuy fue incorporado a través del artículo 66 de la Constitución provincial y cuyo proceso de reglamentación se encuentra actualmente en tratamiento legislativo.
El modelo prevé su aplicación en delitos graves y establece que ciudadanos seleccionados del padrón electoral determinen la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, mientras que un juez técnico conduce el proceso y fija la pena correspondiente. De esta manera, se busca fortalecer la transparencia, ampliar la participación ciudadana y consolidar la legitimidad de las decisiones judiciales.
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