La intervención respondió a los pedidos presentados por el procurador de Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y por la fiscal ante la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago a los acreedores.
Zannini había denunciado «irregularidades» con «entidad suficiente para lesionar seriamente» los intereses del Estado, principal acreedor del concurso, que -según sostuvo el procurador del Tesoro- «ve disminuida día a día su posibilidad de satisfacer su acreencia».
La intervención judicial fue dispuesta hasta que termine el «procedimiento de salvataje» de la sociedad. Implica una ampliación de la medida de coadministración ordenada por la jueza el 6 de septiembre pasado.
Antecedentes
En enero, cuando pidió la intervención, Boquín afirmó que, durante 15 años, el Correo Argentino «perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa». En ese mismo acto dictaminó sobre la apertura de un registro para iniciar el procedimiento de salvataje (cramdown).
Para Boquín, hubo un «uso abusivo del procedimiento concursal» y la empresa se valió del mismo «para defraudar la ley y los derechos de los acreedores».
Boquín fue quien en 2017 rechazó por «abusivo» el acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri quiso homologar por la deuda que la firma de su familia mantiene con el Estado nacional, acuerdo que motivó una causa penal.
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