La Legislatura de Jujuy llevó adelante una nueva sesión especial en la que el ministro de Turismo, Federico Posadas, fue interpelado por diputados provinciales sobre distintos aspectos de la gestión de su cartera.
Durante el debate surgieron preguntas sobre el impacto económico de la actividad turística, las contrataciones, el uso de recursos públicos y la transparencia de la información.
La convocatoria estuvo vinculada, entre otros temas, a los cuestionamientos surgidos a partir del recital de La Renga, aunque los legisladores también plantearon dudas sobre proveedores, licitaciones y procedimientos administrativos.
El intercambio dejó posiciones diferentes entre los representantes de los bloques políticos. Mientras algunos diputados insistieron en la necesidad de conocer en detalle cómo se administran los fondos públicos, otros reclamaron que las acusaciones formuladas durante la sesión sean respaldadas con pruebas.
El diputado Juan Soler, del Partido Justicialista (PJ), destacó la importancia de que los ministros concurran a la Legislatura para responder por su gestión. Sin embargo, advirtió que las explicaciones que se brinden deberán contrastarse con la información disponible.
“Se festeja que vengan los ministros a rendir cuentas”, expresó, y recordó que una de las funciones de los legisladores es controlar al Poder Ejecutivo en el manejo de los fondos públicos.
Durante su intervención, Soler planteó cuestionamientos sobre presuntas vinculaciones entre integrantes del Ministerio de Turismo y contrataciones, licitaciones y espectáculos realizados en la provincia.
“En la provincia de Jujuy suena de que este Ministerio, y quienes lo comandan, no hay negocio en cuanto a contrataciones, licitaciones o espectáculos donde no tengan algún grado de participación o incidencia”, afirmó.
El legislador también mencionó supuestas contrataciones a familiares directos y a personas con residencia en Salta. Además, cuestionó aspectos vinculados con los requisitos de residencia para el ingreso del ministro a la función pública.
Se trata de señalamientos realizados durante el debate legislativo que, para establecer eventuales responsabilidades, requieren documentación y las verificaciones correspondientes.
Otra de las intervenciones fue la de la diputada Laura Tomé, de La Libertad Avanza (LLA), quien puso el foco en las contrataciones vinculadas con las carpas instaladas en Ciudad Cultural, presentes desde la época de la pandemia.
La legisladora pidió información sobre los proveedores, los procedimientos de contratación y los costos que representan para el Estado provincial.
Tomé señaló que, ante una consulta sobre el tema, Posadas habría indicado que la contratación no correspondía directamente a su ministerio, sino a otro organismo del Gobierno.
A partir de esa respuesta, cuestionó cómo se determina el impacto económico de una actividad si no se cuenta con información completa sobre algunos de los proveedores involucrados.
La diputada también remarcó que el acceso a esos datos no debería quedar limitado a los integrantes de la Legislatura. Según planteó, es necesario que la ciudadanía pueda conocer de manera accesible cómo se utilizan los recursos públicos.
El planteo volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la transparencia de las contrataciones y la disponibilidad de información oficial para el control ciudadano.
Por su parte, el diputado Diego Rotela, de la Unión Cívica Radical (UCR), vinculó la interpelación con la política de transparencia que sostiene el Gobierno provincial y recordó que la convocatoria se originó a partir de un hecho puntual, el recital de La Renga, al que luego se sumaron otras preguntas sobre la gestión turística.
Rotela también se refirió a las acusaciones formuladas por Soler durante la sesión. Consideró que los señalamientos sobre posibles vínculos entre familiares del ministro y proveedores del Estado son graves y deben ser esclarecidos.
“Está planteando que hay un familiar directo del ministro que hace las veces de proveedor del Estado y eso es algo que no se puede permitir”, manifestó.
Ante esa situación, adelantó que había solicitado que Soler presentara las pruebas correspondientes a través de la Presidencia de la Legislatura, para que los demás diputados pudieran acceder a la documentación.
El legislador advirtió que, si existieran falsedades o irregularidades, la situación podría tener consecuencias en el ámbito jurídico.
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