El Presupuesto 2026 se convirtió en la pieza central del cierre del año legislativo tras su aprobación definitiva en el Congreso de la Nación. Impulsado por el oficialismo, el proyecto fija las pautas fiscales, financieras y presupuestarias para el próximo ejercicio y consolida los lineamientos del programa económico del Gobierno.
Sin cambios respecto del texto sancionado en Diputados, la ley de leyes ratifica el equilibrio fiscal como principio rector y establece proyecciones macroeconómicas, facultades para la administración de la deuda y mecanismos de control del gasto público.
El Presupuesto reafirma el compromiso de no incurrir en déficit fiscal durante 2026. Desde el Ejecutivo destacaron que el resultado financiero será consistente con la estrategia de ordenamiento macroeconómico aplicada desde el inicio de la gestión.
Durante el debate parlamentario, fuentes oficiales subrayaron que el texto aprobado en el Senado no sufrió modificaciones. “No se cambió ni una coma”, remarcaron, al descartar negociaciones que alteraran las metas fiscales. En ese marco, el Gobierno defendió una política de fuerte contención del gasto y límites estrictos a la expansión presupuestaria, especialmente en un año de alto impacto político.
Como cada año, el Presupuesto incluye estimaciones oficiales sobre las principales variables económicas. Para 2026, el Gobierno proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%.
En materia de precios, se prevé una inflación anual del 10,1%, mientras que el tipo de cambio oficial alcanzaría los $1.423 en diciembre, por debajo de la cotización mayorista actual, que ronda los $1.452,50.
Uno de los artículos más discutidos es el que habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de administración de la deuda pública. El Ministerio de Economía podrá llevar adelante canjes, reestructuraciones y otras operaciones financieras con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos.
Desde el Gobierno aseguraron que estas herramientas buscan reducir riesgos financieros sin incrementar el stock de deuda. La oposición, en cambio, cuestionó la amplitud de las facultades delegadas, aunque el oficialismo defendió su inclusión como una práctica habitual en presupuestos anteriores.
El texto aprobado contempla mecanismos de reasignación de partidas dentro de límites preestablecidos. Según el Ejecutivo, estas facultades otorgan flexibilidad para atender contingencias sin alterar el equilibrio general del presupuesto.
Funcionarios insistieron durante el debate en que “el gasto está cerrado” y que cualquier modificación interna no implicará un aumento del gasto total autorizado por el Congreso.
En línea con la política fiscal vigente, el Presupuesto 2026 profundiza la reducción de subsidios económicos, especialmente en energía y transporte, con un esquema de focalización orientado a los sectores de menores ingresos.
Respecto de las transferencias a las provincias, el texto no prevé incrementos discrecionales y se ajusta a los mecanismos automáticos vigentes, un punto que generó críticas de legisladores provinciales que reclamaron mayor financiamiento para las jurisdicciones.
El gasto social y previsional, en tanto, se mantiene dentro de las reglas fiscales. Las erogaciones en jubilaciones y pensiones se actualizarán conforme a la fórmula de movilidad vigente, sin recortes adicionales más allá de lo que determine la evolución de los ingresos.
El Presupuesto no incorpora nuevos impuestos ni aumenta alícuotas. Desde el oficialismo remarcaron que se busca consolidar la estabilidad tributaria, apostando a que el crecimiento económico sostenga la recaudación.
En paralelo, el Congreso avanzó con el tratamiento de la denominada ley de inocencia fiscal, que se debate por separado y apunta a modificar el régimen de penalidades y fiscalización tributaria.
Durante el tratamiento en el Senado, la oposición intentó modificar artículos vinculados a facultades delegadas, administración de la deuda y reasignación de partidas sin aval legislativo adicional, sin éxito.
También se cuestionó el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia y Tecnología, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef). Actualmente, la legislación establece asignaciones mínimas del 6% del PBI para educación, 1% para ciencia y tecnología y porcentajes específicos para educación técnica y defensa.
Ejecución y control parlamentario
El Presupuesto 2026 refuerza los mecanismos de control del Congreso mediante informes periódicos sobre la ejecución del gasto y la evolución de los ingresos. Desde el oficialismo destacaron que la previsibilidad presupuestaria es clave para generar confianza en los mercados y los organismos internacionales.
“La Argentina necesita reglas claras y un presupuesto consistente”, señalaron durante la defensa del proyecto.
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