Hotesur–Los Sauces: quedó conformado el Tribunal para el juicio contra los Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 5 quedó definitivamente integrado para el juicio oral de las causas conocidas como “Hotesur–Los Sauces”, uno de los procesos judiciales más relevantes que afrontarán Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y una veintena de imputados vinculados al presunto esquema de corrupción y lavado de dinero.

Los jueces que conformarán el tribunal son José Michilini, Adriana Palliotti y Rodrigo Giménez Uriburu, este último designado por sorteo el viernes pasado por la Cámara Federal de Casación Penal. Uriburu integra actualmente el TOF N° 2 y fue uno de los magistrados que condenó a la ex presidenta en la causa Vialidad, lo que anticipa un nuevo planteo de recusación por parte de las defensas.

Según fuentes judiciales, la estrategia defensiva buscará apartar al magistrado por su intervención previa en causas conexas. Un antecedente cercano refuerza esta posibilidad: el juez Andrés Basso, también firmante de la sentencia en Vialidad, se excusó recientemente de intervenir en el juicio de Cuadernos tras ser designado como cuarto juez.

Antes de llegar a esta instancia, el TOF N° 5 había dictado el sobreseimiento de todos los acusados, decisión que fue revocada por la Casación y luego confirmada por la Corte Suprema. A partir de ese fallo, se reactivó el camino hacia el juicio oral, con la excepción de Florencia Kirchner, cuyo sobreseimiento quedó firme.

Un debate sin fecha y una pericia pendiente

El inicio del juicio aún no tiene fecha definida. Uno de los principales obstáculos es una pericia contable pendiente sobre la empresa Los Sauces S.A., considerada clave para el debate. El fiscal general Diego Velasco reclamó meses atrás que se informe el grado de avance del estudio y el plazo estimado para su finalización, al advertir que su demora impide fijar el cronograma del proceso.

La acusación

La investigación, impulsada originalmente por el fiscal Gerardo Pollicita, sostiene que entre 2003 y 2016 funcionó una organización destinada a canalizar fondos públicos hacia el patrimonio de la familia Kirchner, mediante contratos simulados y maniobras de lavado de activos.

Según la acusación, el esquema tuvo como eje el direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, cuyas empresas —Austral Construcciones y Kank y Costilla— recibieron millonarios contratos viales. Parte de esos fondos habría regresado luego a los Kirchner a través del alquiler de hoteles y propiedades inmobiliarias, con apariencia de legalidad.

En una primera etapa, se habrían otorgado beneficios estatales a empresarios cercanos al poder. En la segunda, esos recursos retornaron al entorno presidencial mediante la explotación de hoteles y alquileres inmobiliarios, utilizando sociedades como Hotesur y Los Sauces.

La familia Kirchner adquirió establecimientos como el hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas y el hotel La Aldea del Chaltén, operaciones que —según la causa— fueron financiadas en gran parte con dinero aportado por Báez, ya sea a través de préstamos o compras de terrenos a valores inflados.

La administración de los hoteles quedó en manos de Valle Mitre, una firma controlada por Báez, que facturaba alquileres a las constructoras por supuestas estadías de empleados. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esos contratos eran ficticios, ya que las obras se encontraban a cientos de kilómetros de los establecimientos.

Un mecanismo similar se habría utilizado con Los Sauces S.A., empresa creada por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Máximo Kirchner en 2006. A través de esta sociedad se alquilaron departamentos en Puerto Madero y propiedades en Río Gallegos a empresas de Báez y de Cristóbal López, en condiciones consideradas antieconómicas y carentes de lógica comercial.

Roles y responsabilidades

La acusación atribuye a Néstor y Cristina Kirchner el rol de jefes de la organización, aportando los bienes y tomando las decisiones estratégicas. Máximo Kirchner, en tanto, está señalado como organizador, encargado de administrar las sociedades, firmar contratos y manejar cuentas bancarias.

También están imputados contadores, escribanos y allegados al entorno familiar. Entre ellos, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña, quienes habrían contribuido a dar apariencia legal a las maniobras mediante operaciones contables y escrituras.

Para la Fiscalía, el juicio demostrará que el crecimiento patrimonial de la familia Kirchner respondió a un plan sistemático de sustracción de fondos públicos y su posterior reingreso al circuito privado, a través de negocios simulados con los mismos empresarios favorecidos por el Estado.