“Gravísimo ataque a las instituciones”: duro comunicado del principal foro de empresarios por la presión sobre la Corte

El Foro de Convergencia Empresarial emitió un duro comunicado criticando la posición del Poder Ejecutivo en su relación con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. La entidad consideró como “un ataque a la independencia del Poder Judicial” el reciente pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal promovido por el Presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores.

El Foro recordó que a fines de diciembre de 2022 se había pronunciado por “la grave crisis institucional” que implicaba el anuncio presidencial de no cumplir un fallo de la Corte Suprema y “su impacto negativo en la confianza en el país que requieren las inversiones que tanto se necesitan”.

“En los últimos días, en un nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial, el Presidente de la Nación y un grupo de Gobernadores han presentado un pedido de juicio político contra todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló el comunicado.

“Tal como ya lo han explicitado distinguidos juristas y entidades que los agrupan, los argumentos en que se basa dicho pedido no se encuentran encuadrados en los que prevé taxativamente el artículo 53 de la Constitución Nacional, sino que se fundamentan en el contenido de sentencias emitidas por la CSJN, respecto a decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional y a normas dictadas por el Congreso Nacional, cuyo control de constitucionalidad y de ajuste a derecho le corresponden a la CSJN en ejercicio de su jurisdicción originaria o como tribunal de última instancia del Poder Judicial”, agregó.

En este sentido, el Foro considera que “tanto el incumplimiento de sentencias como el intento de remover a los jueces por el contenido de dichas sentencias, por el solo hecho de no compartir la forma en que se han resuelto, configuran un gravísimo ataque a las instituciones de la República”.

“Por tal motivo, el Foro de Convergencia Empresarial exhorta al Presidente de la Nación y a los Gobernadores que firmaron la solicitud de juicio político a que desistan de su actitud y, en su defecto, a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para que rechace dicho pedido por no estar debidamente fundamentado en las previsiones que constitucionalmente lo justifican. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho”, concluyó el comunicado.

El Foro de Convergencia Empresarial funciona desde 2013 y en la actualidad coordina a más de 60 cámaras y 25 organizaciones no gubernamentales del sector empresarial. Entre ellas, se destacan las entidades que conforman el G-6 y representan a los sectores claves de la actividad económica del país, como la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina (UIA). También integran el foro numerosas cámaras de comercio binacionales.

La referencia del comunicado de hoy a su pronunciamiento de fines de diciembre alude al anuncio del Presidente de no cumplir el fallo de la Corte que devolvía a la Ciudad de Buenos Aires parte de los fondos de la coparticipación federal retirados a partir de una decisión del Gobierno nacional de 2020. Con posteridad a ese anuncio, el Gobierno volvió sobre sus pasos y decidió devolver esos fondos utilizando bonos de la deuda.

Ante la decisión expresa de incumplir un fallo del máximo tribunal de justicia del país, el Foro de Convergencia Empresarial había señalado: “Quien ocupa el más alto cargo del Poder Ejecutivo, y que, al asumirlo ha jurado observar y hacer observar la Constitución, debería mostrar una conducta ejemplar y acatar las decisiones del más alto tribunal. No hacerlo genera un grado inusitado de confusión e incertidumbre, de gravísimas y negativas implicancias tanto en lo económico como en lo social. Es por tal motivo que instamos al Poder Ejecutivo a reconsiderar su postura a fin de evitar la configuración de una situación que, más allá de sus imprevisibles consecuencias institucionales, afecta gravemente la confianza en el país que requieren las inversiones que tanto se necesitan”.