Fondos y favores: el Gobierno explora caminos para contener a los gobernadores

Mientras el presidente Javier Milei se prepara para vetar las leyes que mejoran jubilaciones, reabren la moratoria previsional y declaran la emergencia en discapacidad, el Gobierno busca cómo suavizar el golpe político. La estrategia no se limita al Congreso: la mirada está puesta en los gobernadores, actores clave en el equilibrio de poder y en la legitimidad territorial de la gestión nacional

Desde la Casa Rosada se analiza una alternativa para reactivar la transferencia de fondos discrecionales a las provincias, conocidos como Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Aunque históricamente utilizados de forma opaca y según criterios políticos, ahora podrían reaparecer como moneda de cambio: una especie de gesto conciliador en busca de respaldos.

“La prioridad es sostener los vetos. Pero sabemos que sin algunos gobernadores, no alcanzan los votos en el Congreso”, admite una fuente oficial. El problema, reconocen incluso desde sectores cercanos a Milei, es doble: jurídico y político. Implementar cambios unilaterales en la distribución de recursos es complejo. Y, además, muchos mandatarios provinciales ya tienen una propuesta alternativa mucho más sólida: convertir el Fondo de ATN en un instrumento automático, coparticipable y transparente.

Ese proyecto, que ya cuenta con media sanción, busca incorporar los ATN al reparto automático de recursos entre Nación y provincias, eliminando la discrecionalidad. “Esos fondos no son favores, son parte del sistema fiscal federal que merecemos”, sostienen desde varias provincias.

Desde el oficialismo se evalúa una salida intermedia: avanzar con una oferta de reparto más “equitativo” o simbólicamente visible, que permita a algunos gobernadores mostrar resultados ante sus votantes. Pero no hay certeza de que eso alcance. En palabras de un mandatario provincial: “Lo que ofrecen son chirolas. El impacto fiscal es mínimo. Lo que importa es el gesto político, no los pesos”.

A pesar del malestar, la gestión libertaria ha abierto canales de diálogo con al menos ocho provincias en los últimos días, sin convocatorias formales pero con conversaciones activas. El objetivo de fondo es evitar que el Congreso revierta los vetos de Milei. Con apenas 39 bancas propias, el oficialismo necesita sumar más de 30 votos para sostener sus decisiones. Y eso, por ahora, no está asegurado.

En este contexto, lo que está en juego no es sólo una pulseada legislativa, sino el equilibrio del federalismo en un país donde las provincias dependen fuertemente de los recursos que distribuye la Nación. “No es sólo una discusión fiscal. Es un debate sobre el poder, sobre quién decide y con qué criterios”, sintetiza un analista político cercano al Gobierno.

Mientras Milei insiste en su retórica confrontativa —llegando incluso a decir que quienes no apoyen sus vetos “están asesinando a las generaciones futuras”—, en los despachos provinciales crece la desconfianza. Para los gobernadores, lo que está en juego no es solo plata: es su capacidad de gobernar, de sostener servicios básicos y de responder a sus comunidades.

La próxima semana será clave. Si el Ejecutivo veta los proyectos sociales aprobados por el Congreso, necesitará más que convicción ideológica: deberá mostrar que aún tiene capacidad de articular poder en un país que exige diálogo, federalismo y sensibilidad social.