El Ejecutivo nacional decidió recurrir en los próximos días la resolución del juez federal Martín Cormick, quien ordenó poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno había condicionado su aplicación a la incorporación de partidas y fuentes de financiamiento en el Presupuesto.
La decisión abre un nuevo capítulo en la disputa entre la Casa Rosada y las universidades públicas, mientras el Gobierno analiza distintas alternativas jurídicas para evitar que la sentencia implique la ejecución inmediata de los recursos previstos por la norma.
La estrategia estará a cargo de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, que ya trabaja en los argumentos para la apelación. Desde ese organismo señalaron que todavía existen herramientas para discutir el alcance de la resolución judicial y evitar, al menos por ahora, que el Poder Ejecutivo deba afrontar el gasto derivado de la ley.
El conflicto se originó con el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario pero estableció que su aplicación quedaba supeditada a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento y contemplara las partidas correspondientes dentro del Presupuesto nacional.
Para el juez Cormick, esa condición implicó en los hechos una nueva restricción a una norma que había sido sancionada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras después de que los legisladores rechazaran el veto presidencial.
Por ese motivo, la Justicia ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para implementar la ley y cumplir con los incrementos establecidos.
El fallo surgió a partir de los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reclamaron por la suspensión de los fondos destinados al sistema universitario. La normativa contempla recursos para salarios, becas, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
La principal discusión planteada por el Ejecutivo está vinculada con el impacto presupuestario de la ley. Durante el expediente judicial, los representantes del Estado sostuvieron que su implementación demandaría una erogación superior al billón de pesos y que ese gasto no estaría contemplado en el Presupuesto vigente.
Desde la Casa Rosada sostienen que corresponde al Congreso definir de dónde surgirán los recursos necesarios para financiar una partida de esa magnitud. En esa línea, remarcan que el proyecto de Presupuesto 2027 ya fue enviado al Parlamento y que cualquier modificación de las partidas deberá ser discutida por los legisladores.
Sin embargo, el juez rechazó ese planteo. En su resolución consideró que la propia ley contempla mecanismos para afrontar los gastos, entre ellos la posibilidad de realizar reasignaciones presupuestarias y utilizar mayores ingresos provenientes de la recaudación corriente.
Además, el magistrado señaló que durante 2025 el propio Poder Ejecutivo realizó modificaciones presupuestarias mediante decretos y decisiones administrativas, un antecedente que consideró relevante al analizar el argumento oficial.
En paralelo a la estrategia judicial, el Gobierno descartó por el momento abrir una instancia de negociación con las autoridades universitarias. Desde el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anticiparon que la respuesta será exclusivamente por la vía judicial y confirmaron que la decisión es apelar el fallo.
La resolución judicial se conoce mientras las universidades mantienen su reclamo por la aplicación de la ley y preparan una nueva marcha federal para el 15 de octubre.
Desde el sector universitario ya daban por probable que el Gobierno recurriera la decisión de Cormick. El CIN, además, ratificó que continuará con el reclamo para lograr la aplicación efectiva de la norma.
La controversia suma así un nuevo capítulo judicial en medio del debate por el Presupuesto 2027. La discusión sobre el financiamiento de las universidades volverá a cruzarse con las negociaciones parlamentarias, mientras el Ejecutivo busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas y las instituciones educativas reclaman la ejecución de los recursos establecidos por una ley aprobada por el Congreso.
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