El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario podría intensificarse en las próximas semanas. Sindicatos docentes y no docentes convocaron a un paro nacional a partir del 16 de marzo, en reclamo por la actualización salarial y la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario vigente.
En paralelo, el Poder Ejecutivo mantiene su postura de impulsar un proyecto alternativo de financiamiento, con incrementos salariales más acotados. Mientras tanto, espera definiciones de la mesa política oficialista para determinar cuándo llevar la iniciativa al Congreso.
El conflicto se da en pleno inicio del ciclo lectivo 2026 y en un contexto que rectores y gremios califican como crítico. Según datos del sector, los salarios docentes perdieron alrededor del 29% de poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, mientras que el presupuesto universitario cayó más del 30% en términos reales.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), su presidente Oscar Alpa advirtió que la situación salarial es el principal problema del sistema.
“El 93% del presupuesto universitario se destina a salarios y hoy están totalmente deprimidos”, señaló, al tiempo que alertó sobre renuncias de docentes por los bajos ingresos.
Las organizaciones gremiales reclaman la aplicación de la ley aprobada por el Congreso en octubre de 2025, que establece actualizaciones salariales y presupuestarias vinculadas a la inflación, además de la convocatoria periódica a paritarias.
Sin embargo, el Gobierno nacional decidió suspender su ejecución hasta definir nuevas fuentes de financiamiento en el Presupuesto. Esa decisión motivó una presentación judicial del CIN. Un fallo del juez federal Enrique Cormick ordenó aplicar la norma, aunque el Ejecutivo apeló la medida.
Ante la falta de avances en la negociación, federaciones como CONADU y otros gremios universitarios anunciaron paros, movilizaciones y posibles medidas por tiempo indeterminado.
Los sindicatos también reclaman una recomposición salarial del 51%, que consideran necesaria para recuperar el poder adquisitivo perdido. Según datos sindicales, algunos docentes con dedicaciones parciales continúan percibiendo ingresos cercanos a los $250.000 mensuales.
Además del impacto salarial, rectores advierten que también hay dificultades para afrontar gastos de funcionamiento, becas estudiantiles y actividades de investigación y extensión.
Frente a este escenario, el oficialismo presentó un nuevo proyecto de financiamiento universitario. La iniciativa propone tres aumentos salariales del 4,1% a partir de marzo de 2026 y reconoce únicamente la pérdida salarial registrada durante 2025, sin contemplar lo perdido en 2023 y 2024.
Según estimaciones del Centro de Investigación de Economía Nacional y Feduba, el esquema oficial reduciría significativamente el aumento presupuestario previsto. Mientras que la ley vigente implicaría sumar más de $2,7 billones al presupuesto 2026, el proyecto del Gobierno contemplaría unos $187.744 millones.
El nuevo texto también modifica el esquema de negociación salarial: mantiene paritarias trimestrales pero elimina el mecanismo de actualización automática por inflación.
En cuanto a gastos de funcionamiento, la propuesta limita las actualizaciones a los casos en que la inflación anual supere el 14,3%, mientras que fija un incremento único de $80 mil millones para el sistema de salud universitario, sin ajustes periódicos.
Dentro del Gobierno reconocen que el conflicto universitario podría convertirse en uno de los temas centrales de la agenda política en las próximas semanas.
Fuentes oficiales indicaron que el tratamiento del proyecto dependerá de las definiciones que surjan de una próxima reunión de la mesa política en la Casa Rosada, donde se establecerá la hoja de ruta legislativa del oficialismo.
El escenario también tiene un componente político adicional: en poco más de un mes se realizarán elecciones en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde sectores vinculados al oficialismo buscan ganar presencia en facultades como Derecho, Económicas e Ingeniería.
En ese contexto, el clima de conflicto universitario podría influir en la disputa política dentro de las casas de estudio.
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