El Ministerio Público de la Acusación informó que se encuentra en curso una investigación penal para determinar el origen de la filtración de información vinculada a un legajo en trámite.
Dichos datos fueron divulgados por distintos medios de comunicación y, en particular, en el programa “Telenueve Denuncia”, emitido el 18 de septiembre de 2025 por el canal El Nueve Argentina.
Para esclarecer esta situación, se dispuso la apertura del legajo P-24901/2025, orientado exclusivamente a investigar la filtración y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder.
La investigación se instruye, en esta etapa, bajo la calificación legal de entorpecimiento o turbación de actos funcionales de la autoridad, prevista en el artículo 241 inciso 2 del Código Penal de la Nación.
La información divulgada corresponde a un legajo penal al cual habían accedido, en el marco del proceso judicial, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, abogados defensores particulares y el personal de la Oficina de Gestión Judicial del Poder Judicial.
De manera inmediata, el MPA dispuso la intervención de su Auditoría Interna, que llevó adelante un procedimiento preliminar para determinar si la filtración pudo haberse originado dentro de este organismo. El informe concluyó que no existen indicios que permitan presumir responsabilidad de personal del MPA en la divulgación de los datos.
En el marco de la investigación actualmente en trámite, se están adoptando las medidas procesales correspondientes, entre ellas la convocatoria a prestar declaración las personas que hayan tenido acceso a la información divulgada.
El Ministerio Público de la Acusación continuará impulsando todas las diligencias necesarias en sede penal para esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia institucional y la tutela judicial efectiva.
Finalmente, se advierte que la difusión indebida de información sensible en legajos en trámite puede generar responsabilidad penal y administrativa para quienes resulten responsables, además de afectar gravemente los derechos de las víctimas y el debido proceso de las personas imputadas.
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