La oposición no logró reunir el quórum necesario este martes en la Cámara de Diputados para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de los cuestionamientos por presuntas irregularidades vinculadas a su declaración patrimonial.
La sesión había sido impulsada por sectores opositores, pero terminó fracasando al contar con 117 diputados presentes, cuando eran necesarios 129 para habilitar el debate. La estrategia del oficialismo de La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales aliados, que decidieron no bajar al recinto.
El acuerdo permitió al Gobierno ganar tiempo. A cambio de desactivar la sesión, el oficialismo aceptó que el pedido de interpelación comience a discutirse en comisión a partir de la próxima semana. La iniciativa deberá pasar por las instancias parlamentarias correspondientes antes de llegar eventualmente al recinto.
Desde los sectores aliados explicaron que la sesión perdió sentido porque el objetivo inicial era obligar a las comisiones a tratar el tema, algo que finalmente fue habilitado. Sin embargo, dentro de la oposición persiste una discusión reglamentaria sobre si el artículo 101 de la Constitución permite una interpelación directa del jefe de Gabinete sin pasar previamente por comisión.
El oficialismo sostiene que el pedido debe seguir el circuito legislativo habitual y obtener dictamen, mientras que algunos opositores consideran que la Constitución establece una herramienta inmediata de control parlamentario.
La jugada también permitió desplazar el foco hacia el Senado, donde Adorni ya tiene previsto presentarse el 2 de julio para brindar su informe de gestión y responder preguntas de los legisladores, incluida la situación de su patrimonio.
El bloque libertario evitó así una derrota política en Diputados, aunque no cerró definitivamente el conflicto. El PRO y la UCR, pese a cuestionar públicamente al jefe de Gabinete e incluso reclamar explicaciones, optaron por no acompañar una ofensiva impulsada principalmente por el kirchnerismo.
Desde la oposición más dura cuestionaron la decisión y acusaron a los aliados del Gobierno de bloquear el control parlamentario. El radical disidente Pablo Juliano sostuvo que la UCR estaba “condenando a la Argentina a una crisis institucional”, mientras que otros opositores afirmaron que el oficialismo solo consiguió “ganar algunos días”.
Mientras tanto, el Gobierno busca mantener la agenda parlamentaria y avanzar con otros proyectos con respaldo de sus aliados, entre ellos iniciativas vinculadas a inversiones y al tratamiento de reclamos de acreedores externos.
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