Tras la confirmación del Gobierno de descontar el día no trabajado a los empleados estatales que se sumen al paro convocado por la CGT, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) respondió enérgicamente.
Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, fue uno de los más vehementes en su crítica, especialmente dirigida hacia el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó la decisión del Gobierno.
Adorni justificó la medida argumentando que el salario es una contraprestación y señalando que es razonable no pagar a quienes no trabajen. En respuesta, Aguiar ironizó en redes sociales sobre el destino de los fondos descontados, sugiriendo opciones como entregarlos al Fondo Monetario Internacional (FMI), depositarlos en la cuenta de Techint o pagar al Hotel Libertador.
El líder de ATE responsabilizó al Gobierno por impulsar la huelga debido a salarios congelados, falta de paritarias, reducción de horas extras y despidos. También acusó a la gestión mileísta de promover un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) inconstitucional y advirtió sobre la ley ómnibus que, según él, dejaría en disponibilidad a los trabajadores de planta permanente del Estado.
Aguiar subrayó la fundamentación de la medida de fuerza, destacando que responde al incumplimiento de las obligaciones del Gobierno como empleador. Concluyó que la huelga busca resistir los ataques a los derechos de los trabajadores. Ante la afirmación de Adorni de que aún esperaban una explicación para el paro, Aguiar afirmó que la medida estaba fundamentada en el incumplimiento del Gobierno.
En la última parte de su respuesta, Aguiar criticó al vocero de Javier Milei, instándolo a unirse al paro en lugar de expresar comentarios desacertados.
Daniel Catalano, representante de ATE en Capital Federal, también criticó la medida de la Casa Rosada, pronosticando que solo lograría fortalecer la contundencia del paro y aumentar la participación en la movilización. Catalano consideró que la gestión de Milei generaba descontento entre los empleados públicos, especialmente debido a la falta de apertura de paritarias y la pérdida de salario. Describió la medida como un acto extorsivo y cuestionó la capacidad del Gobierno para abordar problemas más urgentes.
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