Empresas pantalla y fondos públicos: la causa contra el Polo Obrero entra en una etapa decisiva

Con el fin de la feria judicial de verano, la investigación por el presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo que involucra a dirigentes del Polo Obrero avanza hacia una definición clave. El juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de resolver la elevación a juicio de los acusados por haber montado un entramado de empresas pantalla para simular gastos y justificar ante el Estado el uso de subsidios millonarios.

El punto de inflexión fue el rechazo del magistrado a un acuerdo de reparación integral por casi 88 millones de pesos, ofrecido por Leandro Gastón Kebleris, uno de los imputados como partícipe necesario en la maniobra. Con esa propuesta, el acusado buscaba evitar el juicio oral y extinguir la acción penal sin admitir responsabilidades.

Para Casanello, ese mecanismo no resulta aplicable en causas que investigan delitos contra la administración pública. La decisión, adoptada a mediados de diciembre y conocida en las últimas horas, fue respaldada por la Fiscalía y por todos los organismos querellantes —la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera—, que advirtieron que aceptar el acuerdo podía debilitar la acusación.

Kebleris está imputado junto a Anahí Rivero por haber facilitado al Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor la firma Coxtex S.A., una sociedad que, según la investigación, carecía de actividad real, estructura operativa y capacidad económica. Para los investigadores, la empresa fue utilizada como una usina de facturación apócrifa.

En octubre de 2021, Coxtex emitió dos facturas por más de 5 millones de pesos al entonces Ministerio de Desarrollo Social, por supuestas compras de materiales que nunca existieron. Ese mecanismo habría permitido desviar fondos que debían destinarse a proyectos socioproductivos hacia gastos de militancia, campañas políticas y funcionamiento interno de la organización.

La Fiscalía sostuvo que no se trató de hechos aislados, sino de una operatoria sistemática, con múltiples actores y distintas etapas de ejecución. Por ese motivo, consideró inadmisible evaluar el daño de forma fragmentada o limitarlo a un solo imputado, cuando aún existen líneas de investigación abiertas.

Tras el rechazo del acuerdo y a la espera de las apelaciones anunciadas por las defensas, Casanello quedó habilitado para resolver el pedido de elevación a juicio, presentado en noviembre pasado. La acusación ubica a Kebleris y Rivero como piezas clave de una estructura que habría funcionado durante casi cuatro años dentro del Polo Obrero y sus unidades de gestión.

Este avance se inscribe en una causa de mayor alcance. En el expediente principal, el juez ya elevó a juicio oral a Eduardo Belliboni y a otros 15 dirigentes por los delitos de fraude y extorsión, vinculados al manejo de fondos que debían llegar a unos 85.000 beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo.

En noviembre de 2024, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de la cúpula del movimiento, pero agravó el encuadre legal al considerar que los hechos configuran administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión, lo que incrementó de manera sustancial la expectativa de pena.

Los camaristas señalaron que los dirigentes se valieron de su posición dominante para exigir aportes económicos y asistencia a movilizaciones, bajo la amenaza de quitar el plan social a personas en situación de extrema vulnerabilidad. También ordenaron profundizar la investigación sobre la posible responsabilidad de funcionarios públicos, aclarando que el objetivo no es criminalizar la protesta social, sino determinar si una política pública fue utilizada con fines partidarios.

En el tramo específico sobre las empresas pantalla, la Justicia determinó que Coxtex S.A. no fue la única firma involucrada. El expediente menciona a otras sociedades —entre ellas Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Urban Graphics, Ricoprint, Monfrini y Miniso Trade— señaladas por emitir documentación falsa para simular compras inexistentes.

Según la causa, entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor firmaron cinco convenios con el Estado por más de 361 millones de pesos. Los investigadores concluyeron que una parte sustancial de esos recursos fue desviada mediante rendiciones adulteradas, facturación apócrifa y omisión de controles, un perjuicio que podría ampliarse a medida que avance la pesquisa.

Con la reanudación plena de la actividad judicial en Comodoro Py, la causa entra en una etapa decisiva. La Justicia deberá determinar las responsabilidades penales de quienes habrían diseñado y ejecutado un esquema destinado a desviar fondos públicos que tenían como objetivo asistir a los sectores más vulnerables, y que —según la acusación— terminaron financiando actividades ajenas al fin social del programa.