El peronismo negocia para rechazar la reforma laboral
El peronismo afina su estrategia parlamentaria de cara al tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo y prevé una fuerte disputa a partir de febrero, cuando la iniciativa llegue al recinto del Senado. En paralelo, el oficialismo libertario todavía no logra reunir los votos necesarios para alcanzar la media sanción y abrir la discusión en Diputados.
La maniobra central del bloque justicialista apunta a dos frentes: mantener cohesionados a sus propios legisladores y, a la vez, captar apoyos entre senadores independientes y de fuerzas provinciales que aún no definieron posición. El eje de la negociación gira alrededor del impacto fiscal del paquete impositivo que acompaña al proyecto, especialmente la baja de Ganancias que recorta recursos coparticipables.
Durante las sesiones extraordinarias, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, no consiguió el respaldo necesario para llevar la ley al recinto y optó por avanzar con un dictamen abierto a modificaciones. Desde mediados de enero iniciará una ronda de reuniones para intentar sumar voluntades y acercarse a los 37 votos requeridos.
Sin embargo, los principales socios parlamentarios siguen sin alinearse. En la UCR remarcan que el texto actual no responde a sus expectativas y que “no es el momento” para avanzar. El jefe radical, Eduardo Vischi, adelantó que su bancada no acompañará “tal como está”. Aun en un escenario favorable, con los 20 senadores libertarios, los 3 del PRO y un eventual respaldo de los 10 radicales —hoy improbable— el oficialismo tampoco alcanzaría el número.
Del lado opositor, el interbloque Justicialista reúne 33 legisladores entre Fuerza Patria, el Frente Cívico santiagueño y Convicción Federal. Este último espacio genera inquietud dentro del PJ, ya que sus integrantes responden a gobernadores con buen diálogo con la Casa Rosada y cuatro de sus cinco senadores acompañaron el Presupuesto 2026.
Entre ellos figuran Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), cuyas provincias recibieron fondos nacionales; y la jujeña Carolina Moisés, que votó a favor del Presupuesto pese a no alinearse con el gobierno provincial y mantener tensiones con el kirchnerismo. También integran el grupo Jesús Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis), críticos del kirchnerismo, pero opositores al Gobierno nacional.
“Son difíciles, pero no los damos por perdidos”, admiten en el PJ, donde consideran clave evitar fugas internas y salir a buscar votos sueltos para el momento de la definición.
Más allá de los espacios nacionales, once senadores independientes o de fuerzas provinciales aparecen como determinantes. Allí se inscriben Flavia Royón (Salta), Edith Terenzi (Chubut), el santacruceño José María Carambia y Natalia Gadano, Julieta Corroza (Neuquén), Beatriz Ávila (Tucumán), Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) y Luis Juez (Córdoba), entre otros.
La mayoría acompañó el Presupuesto 2026, aunque ahora observan con más cautela el nuevo paquete, debido a que los gobernadores advierten un fuerte recorte de recursos. Un informe elaborado por el senador Jorge Capitanich circula entre mandatarios provinciales y proyecta que las provincias perderían entre USD 1.700 y USD 2.000 millones en 2026 por la reducción del impuesto a las Ganancias.
“La baja de ingresos no se compensa con ATN si los gobernadores están sin obra pública nacional y con elecciones provinciales por delante”, analizó un senador peronista. En esa línea, legisladores entrerrianos del PJ solicitaron una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio para discutir el eventual desfinanciamiento.
La llave final parece estar en los gobernadores. Aunque muchos mandatarios ven con buenos ojos aspectos de la reforma laboral, el impacto fiscal del paquete tributario genera resistencia transversal. Catorce gobernadores y el jefe de Gobierno porteño podrían buscar la reelección en 2027 y necesitan margen fiscal para sostener gestión y obra pública.
La negociación seguirá durante enero y febrero. Mientras tanto, el oficialismo intenta sumar aliados y el PJ presiona para unificar votos y bloquear la iniciativa cuando llegue al recinto.
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