El oro del Banco Central bajo sospecha: pidieron detener a Caputo, Bausili y Curutchet por una pérdida de US$ 1.023 millones

El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia penal por las operaciones financieras realizadas con derivados sobre el oro durante 2025. Solicitó la detención de los tres funcionarios y reclamó una investigación sobre los contratos, las decisiones adoptadas y el posible perjuicio al Estado.

El manejo de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedó en el centro de una nueva controversia judicial. El abogado Gregorio Dalbón amplió su denuncia penal y pidió la detención del ministro de Economía, Luis Caputo; del presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y de Juan Curutchet, integrante del directorio de la entidad y titular de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

La presentación apunta a las operaciones con derivados financieros vinculados al oro que realizó el organismo monetario durante 2025, cuyo resultado negativo fue estimado en 1.023 millones de dólares, de acuerdo con los datos contables citados en la denuncia y el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El planteo quedó sujeto a la evaluación de la Justicia. La denuncia no implica que los funcionarios hayan sido imputados formalmente ni que exista una orden de detención vigente.

La pérdida millonaria que originó la denuncia

Dalbón fundamentó su presentación en el informe de auditoría de los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, aprobado por la AGN el pasado 8 de octubre.
Según la documentación citada por el abogado, las operaciones con derivados cuyo activo subyacente fue el oro registraron una pérdida de $1.469.155 millones a valores de cierre, equivalente a unos US$ 1.023 millones. El resultado estuvo compuesto por $1.400.793 millones correspondientes a pérdidas por opciones y otros $68.362 millones asociados a primas de opciones.
En paralelo, la tenencia de oro del Banco Central registró una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones durante el mismo ejercicio, impulsada por el incremento del precio internacional del metal.

La diferencia entre ambos resultados constituye uno de los principales puntos de discusión. Para Dalbón, es necesario determinar cómo se estructuraron los contratos, quiénes intervinieron en las operaciones, qué comisiones se pagaron y cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar a las contrapartes financieras.
El abogado sostuvo que la investigación debe establecer si los instrumentos cumplieron efectivamente una función de cobertura o si provocaron un perjuicio patrimonial para el Estado.

Qué argumentó la Auditoría y cómo respondió el Banco Central

El informe de la AGN puso bajo análisis las operaciones financieras realizadas por el Banco Central con derivados sobre el oro. Juan Manuel Olmos, titular del organismo auditor, señaló que no se había registrado anteriormente una pérdida de esa magnitud en este tipo de operaciones y cuestionó la utilización de las reservas físicas de oro en transacciones financieras de riesgo.
Sin embargo, la auditoría consideró razonables los estados contables del BCRA en sus aspectos técnicos y en relación con la situación patrimonial de la entidad. La observación específica sobre los derivados de oro formó parte de ese análisis.

Tras la difusión del informe, el Banco Central rechazó que las operaciones hubieran tenido un carácter especulativo y defendió su estrategia financiera. Según la entidad, los contratos formaban parte de una política de cobertura sobre el 100% de la posición en oro, diseñada para proteger las reservas frente a una eventual caída pronunciada del precio internacional del metal.
El organismo reconoció que los instrumentos tuvieron un resultado negativo durante 2025, pero argumentó que ese costo debía analizarse junto con la evolución favorable del precio del oro.

En ese sentido, el BCRA sostuvo que la posición total en oro arrojó un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones durante el año, al considerar conjuntamente la variación del valor del metal y las operaciones financieras utilizadas como cobertura.
La controversia se centra, por lo tanto, en cómo deben evaluarse esas operaciones y si la estrategia aplicada estuvo justificada desde el punto de vista financiero.

Por qué Dalbón pidió detener a los funcionarios

El pedido de detención alcanza a Caputo, Bausili y Curutchet, a quienes el abogado vinculó con distintos niveles de responsabilidad potencial en la administración, aprobación, ejecución o supervisión de las operaciones cuestionadas.
En el caso del ministro de Economía, la presentación solicita establecer si impartió instrucciones, coordinó o tuvo conocimiento de la estrategia aplicada a las reservas de oro, teniendo en cuenta la autonomía institucional del Banco Central.
Respecto de Bausili, el planteo apunta a determinar si participó en la propuesta, aprobación, firma o ejecución de los contratos, en función de sus atribuciones al frente de la entidad monetaria.
En cuanto a Curutchet, la denuncia busca establecer si intervino en la autorización, el control o la ratificación de las operaciones, o si tuvo conocimiento de ellas en su condición de integrante del directorio y responsable de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

Dalbón argumentó que la documentación relevante se encontraría en dependencias del Banco Central y del Ministerio de Economía, mientras que empleados de las áreas de reservas, mercados, riesgos y asuntos jurídicos podrían aportar testimonios para esclarecer los hechos.
Sobre esa base, solicitó que la Justicia evalúe la existencia de riesgos para la preservación de pruebas y el desarrollo de la investigación.
Como medidas alternativas a la detención, pidió que se considere la prohibición de salida del país para los funcionarios, restricciones de acceso a determinadas áreas donde se encuentre documentación vinculada con el caso y limitaciones de contacto con posibles testigos.
La procedencia de estas medidas deberá ser analizada por el juzgado interviniente. Su presentación no supone que hayan sido concedidas.

Qué documentación reclama la investigación

Además de las medidas de coerción, el abogado solicitó una serie de diligencias para reconstruir el recorrido de las operaciones financieras.
Entre ellas, pidió que la AGN remita el informe completo de auditoría, sus papeles de trabajo y la documentación contable relacionada con los derivados de oro. También reclamó incorporar los antecedentes de la auditoría específica sobre la administración de las reservas físicas de ese metal.

Al Banco Central le requirió las actas del directorio y de los comités internos que hayan tratado las operaciones, junto con los contratos, acuerdos marco, confirmaciones, informes técnicos, evaluaciones de riesgo, registros de pagos y documentación sobre las contrapartes.
El planteo incluye, además, la preservación de registros electrónicos y comunicaciones vinculadas con los hechos investigados.
Para el Ministerio de Economía, solicitó información sobre reuniones, instrucciones, intercambios y comunicaciones con el BCRA entre 2024 y 2026 en relación con las reservas de oro y los derivados financieros.
Finalmente, pidió una pericia contable que permita establecer la estructura de los instrumentos utilizados, la efectividad de la cobertura invocada y la eventual existencia de un daño económico para el Estado.

Una vez reunida la prueba, Dalbón solicitó que los funcionarios denunciados y quienes pudieran resultar responsables sean convocados a prestar declaración indagatoria.
Por ahora, el caso se encuentra atravesado por dos interpretaciones contrapuestas: la denuncia sostiene que las pérdidas millonarias requieren esclarecer las decisiones y responsabilidades detrás de las operaciones, mientras que el Banco Central afirma que los resultados negativos de los derivados deben evaluarse en conjunto con la revalorización de sus reservas de oro. La definición dependerá del análisis judicial y de la documentación que se incorpore al expediente.