El Gobierno dispuso frenar de manera temporal la baja de pensiones por discapacidad, aunque la auditoría sobre el sistema continúa en curso dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), intervenida tras la filtración de audios de su ex director, Diego Spagnuolo, en los que reconocía presuntas irregularidades en compras de medicamentos.
La decisión fue adoptada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien reporta periódicamente a la Casa Rosada sobre el reordenamiento del organismo. Mientras dure la revisión interna, no se enviarán nuevas citaciones ni se realizarán controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios que actualmente perciben la prestación.
Antes de la suspensión, la ANDIS había dado de baja un total de 128.667 pensiones: 110.522 por otorgamientos irregulares, 8.107 correspondientes a personas fallecidas y 10.038 que habían sido renunciadas por sus titulares. Ahora, todas esas resoluciones quedarán bajo revisión.
Fuentes cercanas a Lugones señalaron que la auditoría se mantiene con tres ejes centrales: pensiones, compras y estructura administrativa. El objetivo es detectar posibles irregularidades cometidas durante la gestión de Spagnuolo y determinar los pasos a seguir.
En paralelo, el Gobierno evalúa opciones para transparentar el funcionamiento de la ANDIS, aunque por el momento quedó descartada la idea de transformarla en una dependencia del Ministerio de Salud, ya que ese cambio requiere aval legislativo ante la ausencia de facultades delegadas.
La intervención permitió acceder por primera vez al detalle de las cuentas y contrataciones de la agencia, que funcionaba con autonomía presupuestaria.
Mientras tanto, el Congreso avanzó en sentido contrario: el Senado aprobó la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, prorrogable por un año, que contempla la reformulación de las pensiones no contributivas, actualización de aranceles y compensaciones económicas. La norma logró 63 votos a favor y 7 en contra.
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