El Gobierno impulsa una reforma migratoria con más requisitos para residencias

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles que en los próximos días se publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que endurecerá el régimen migratorio argentino.

Durante una conferencia en Casa Rosada, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios, Adorni informó que la reforma establecerá nuevos criterios para el ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros en el país. “Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresaron de manera irregular”, señaló el vocero.

Principales medidas

Entre los puntos destacados, se anticipa que:

Se impedirá el ingreso al país a personas extranjeras con antecedentes penales.

Quienes cometan delitos en territorio nacional, sin importar la gravedad de la pena, podrán ser deportados.

También se habilitará la expulsión o rechazo del ingreso por delitos cuya pena sea menor a cinco años.

Los residentes transitorios, temporarios e irregulares deberán pagar por los servicios de salud, y deberán contar con un seguro médico obligatorio al ingresar.

Las universidades nacionales quedarán facultadas a establecer aranceles para estudiantes extranjeros con residencia no permanente, aunque esto no afectará la educación inicial, primaria ni secundaria.

Según datos oficiales, el gasto estatal en atención médica a extranjeros en 2024 fue de aproximadamente $114.000 millones.

Antecedentes y motivaciones

La iniciativa, que será oficializada mediante DNU, retoma lineamientos del Decreto 70/2017 firmado durante la gestión de Mauricio Macri y derogado en 2021 por el gobierno de Alberto Fernández, a través del DNU 138/2021. En esa oportunidad, la reforma fue considerada inconstitucional por la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, que objetó varias de sus disposiciones por vulnerar derechos humanos y el debido proceso.

Pese a aquel fallo, la actual gestión busca reinstalar algunos de esos mecanismos, argumentando que la migración irregular representa una carga para el sistema estatal. “No podemos ser un centro de beneficios pagado por el bolsillo de los argentinos”, había afirmado el presidente Javier Milei durante la apertura del 143° período de sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1° de marzo.

Datos sobre población carcelaria

El último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), con datos al 31 de diciembre de 2023, indica que la población carcelaria total era de 111.967 personas. De ese total, un 6% (6.644 personas) eran extranjeras, en su mayoría provenientes de países limítrofes: Paraguay (1.923), Bolivia (905) y Perú (857).

En el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF), las personas extranjeras representan el 16,1% de la población carcelaria, y más del 80% de ese grupo es originario de países vecinos. En la provincia de Buenos Aires, según fuentes oficiales, hay 3.050 personas extranjeras detenidas, lo que representa un 45% del total de presos extranjeros del país.

Críticas al decreto anterior

El DNU 70/2017, al que Bullrich busca volver parcialmente, fue cuestionado por organismos nacionales e internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que las limitaciones a derechos fundamentales deben estar fijadas por ley del Congreso y no por decretos del Ejecutivo.

Además, se criticó que ese decreto restringía los plazos para apelar decisiones de expulsión y concentraba en la Dirección Nacional de Migraciones decisiones sensibles, como la reunificación familiar, sin permitir la revisión judicial.

También se objetó el uso del decreto como instrumento para reformar la Ley de Migraciones, algo que vuelve a estar en debate con el inminente DNU que prepara el Gobierno de Javier Milei.