El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este viernes que la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) suspendió 110.522 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral que, según el Ejecutivo, habían sido otorgadas de manera irregular en gestiones anteriores. A estas se suman 8.107 bajas por beneficiarios fallecidos y 10.038 renuncias voluntarias
La medida —20 mil casos más que los revelados por Infobae en julio— se anunció luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto de Javier Milei a la ley que aumenta el presupuesto para el sector.
“En el marco de la revisión de pensiones, ya suspendimos más de 100 mil que habían sido mal otorgadas. En muchos casos, las personas no se presentaron a verificar los requisitos”, explicó Adorni en conferencia desde Casa Rosada.
Ahorro y casos detectados
El Ejecutivo estima que estas bajas representan un ahorro de 35 mil millones de pesos mensuales. Entre las irregularidades detectadas, se encontraron múltiples expedientes con los mismos estudios médicos presentados como prueba: en Tucumán, por ejemplo, el mismo ecocardiograma o radiografía se utilizó en decenas de solicitudes.
“En el Chaco, se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 casos diferentes durante la gestión pasada”, ejemplificó Adorni.
Según la ANDIS, dirigida por Diego Spagnuolo, una investigación interna reveló “una actividad fraudulenta a gran escala”, con un desvío estimado de 1.000 millones de dólares anuales.
Evolución histórica
Entre 2003 y 2015, el número de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral creció de 79.000 a 1.045.000. Durante el gobierno de Mauricio Macri bajó a 1.026.000, pero volvió a aumentar hasta 1.222.000 en diciembre de 2023, al cierre del mandato de Alberto Fernández.
Adorni comparó: “En Israel, un país en guerra permanente, el 3,5% de la población activa recibe pensión por discapacidad; en Argentina, el 4,6%, sin guerras ni catástrofes naturales, pero con 20 años de administraciones kirchneristas”.
Auditorías y próximos pasos
Las suspensiones alcanzan a quienes no cumplieron los requisitos legales o no asistieron a las auditorías médicas sin justificación. Los controles —realizados por profesionales del PAMI y la ANDIS— no incluyen a menores de edad ni a quienes ya fueron auditados en 2024.
“Es un paso necesario para garantizar que los recursos lleguen a las personas con discapacidad que realmente lo necesitan”, aseguraron desde la Agencia, que prevé continuar con el proceso para reforzar la transparencia en la asignación de beneficios.
Cruce con el Congreso
Adorni cuestionó la decisión parlamentaria de rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad:
“El Congreso defendió un sistema corrupto, diseñado por muchos de los que hoy siguen ocupando bancas. Se desviaron fondos de todos los argentinos en favor de los amigos de la política”.
El Gobierno advierte que la creación de una nueva pensión no contributiva con cobertura ampliada implicará un gasto extra de $2,16 billones en 2025 (0,26% del PBI) y más de $4,5 billones en 2026 (0,47% del PBI), sin contar el costo adicional del Programa Incluir Salud.
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