El gobernador de Córdoba estima que no se debe esperar hasta mayo para concretar la convocatoria

Si bien Llaryora valoró la iniciativa del Ejecutivo, subrayó la necesidad de que esta convocatoria sea lo más urgente posible, centrándose tanto en la construcción de un plan productivo como en aspectos fiscales.

Llaryora celebró la convocatoria realizada por el presidente Milei en su discurso ante el Congreso de la Nación, pero sugirió que esta reunión debería tener lugar antes del mes de mayo, fecha propuesta por el Ejecutivo. «En la Argentina actual, dos meses representan una larga espera, dada la debilidad y la recesión que enfrentamos», señaló. Insistió en la urgencia de la situación, destacando las repercusiones económicas ya palpables, como la paralización de la producción en algunas fábricas y la pérdida de empleos.

El gobernador cordobés reconoció la importancia de establecer un diálogo amplio entre todos los sectores, similar al Pacto de la Moncloa en España, pero advirtió que la invitación al diálogo debe ir más allá de un simple acuerdo cerrado, enfocándose en objetivos comunes y un compromiso real con la acción.

En cuanto a la agenda propia de Córdoba, Llaryora enfatizó la necesidad de abordar no solo cuestiones políticas, sino también estratégicas a largo plazo que involucren a los sectores productivos y del trabajo. Destacó la importancia de una reforma laboral consensuada, que considere tanto las necesidades de los trabajadores como las de las empresas.

Además, criticó la falta de un plan productivo que acompañe al paquete fiscal actual, señalando que esta carencia está exacerbando la recesión económica. Propuso medidas como exenciones impositivas para la inversión, moratorias para regularizar empleados y un plan de blanqueo financiero. Lamentó que la ausencia de tales medidas esté obstaculizando las decisiones de inversión y regularización de empleo.

Por último, Llaryora destacó la importancia del apoyo a la educación para el crecimiento del país y expresó su preocupación por la falta de fondos destinados a las jubilaciones y la educación, lo que dificulta la sostenibilidad fiscal a nivel provincial.