El fiscal Stornelli pidió mandar a juicio a la viuda de Daniel Muñoz y a exfuncionarios kirchneristas

El fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas, pidió mandar a juicio oral a la viuda de Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, por la compra y posterior venta de propiedades en Estados Unidos por US$ 70 millones.

Stornelli, y el fiscal Carlos Rívolo, determinaron que están probadas las maniobras de lavado de dinero en el exterior y recabaron pruebas que incriminan a los 15 acusados. Se trata de un círculo compuesto por testaferros y exfuncionarios K que participaron de una operación que constó de varias etapas.

La instrucción estableció que, en primer lugar, Muñoz adquirió los bienes inmuebles en el exterior para blanquear dinero de la corrupción y luego su esposa encabezó una organización que vendió las propiedades y envió el dinero a paraísos fiscales.

Entre los involucrados se encuentra el exsecretario de Cristina Kirchner, Isidro Bounine, acusado por el delito de lavado de activos en calidad de partícipe secundario y el exministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, procesado por encubrimiento agravado.

Además de Pochetti, la lista se completa con Elizabeth María Ortíz Municoym; Sergio Todisco; Carlos Gellert; Carlos Cortéz; Leonardo y Rubén Laneza; Federico Zupicich y Miguel y María Jesús Plo, que fueron hallados responsables como coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por integrar una organización dedicada al comisión continuada de delitos.

El pedido de Stornelli para elevar a juicio este tramo de la causa se suma al que ya realizó hace tres días, en el que acusó a 47 personas, entre ellas Cristina Kirchner, de integrar una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado por pagar y recibir coimas.

En diálogo con TN Central, Stornelli resaltó que en la causa «hay una cantidad enorme de pruebas. Nunca vi algo así. Son numerosísimas».

La instrucción determinó que entre 2010 y 2015, se compraron 14 propiedades en Nueva York y Miami a nombre de, al menos 12 personas jurídicas radicadas en Estados Unidos y en las Islas Vírgenes Británicas.