Fiscal Guillermo Marijuan
La situación judicial de Francisco Adorni se complicó en las últimas horas luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara que sea citado a declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas falsedades y omisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal N.º 6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas, y se centra en la posible comisión del delito previsto en el artículo 268 (3) del Código Penal, que sanciona a los funcionarios públicos que ocultan bienes o presentan información falsa en sus declaraciones patrimoniales.
Según la fiscalía, durante su paso por distintos cargos en la administración pública nacional, Adorni habría omitido informar dinero en efectivo, cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros activos que recién aparecieron en sucesivas rectificaciones presentadas una vez iniciada la investigación judicial.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es la cantidad de correcciones realizadas sobre los documentos originales. De acuerdo con el expediente, cada declaración jurada fue modificada en más de una oportunidad, incorporando nuevos bienes, ajustando valuaciones y sumando información que inicialmente no había sido consignada.
Entre las rectificaciones más significativas figura la incorporación de una herencia de aproximadamente 21 millones de pesos que no había sido declarada en las presentaciones originales ante la Oficina Anticorrupción. También se agregaron cuentas bancarias en pesos y dólares, tarjetas de crédito y montos en efectivo que no figuraban en la documentación presentada en tiempo y forma.
Para Marijuan, estas omisiones adquieren especial relevancia debido a la experiencia previa de Adorni en áreas vinculadas al control y seguimiento de declaraciones juradas dentro del Consejo de la Magistratura bonaerense. Por esa razón, la fiscalía considera poco probable que las inconsistencias respondan a simples errores administrativos o desconocimiento de las obligaciones legales.
La investigación también analiza la evolución patrimonial del funcionario entre 2024 y 2026. Según los registros incorporados a la causa, durante ese período se produjo un importante incremento de los bienes declarados, acompañado por una significativa reducción de sus deudas. Estas variaciones patrimoniales, sumadas a las reiteradas rectificaciones, motivaron el avance de la pesquisa para determinar si existió ocultamiento deliberado de información.
Ahora será el juez Rafecas quien deberá resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía. En caso de ser convocado a indagatoria, Adorni tendrá la oportunidad de conocer formalmente las acusaciones en su contra y presentar las explicaciones que considere pertinentes. Se trata de una instancia clave dentro del proceso penal, aunque no implica una declaración de culpabilidad ni un procesamiento automático, sino un paso previo para que la Justicia determine si existen elementos suficientes para profundizar la investigación.
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