Ante las medidas de la Unión Tranviarios Automotor Seccional Jujuy (UTA), el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, sostuvo que el gobierno “tiene en claro que esta situación es parte de un conflicto privado”, que se plantea a partir de la relación salarial entre los empresarios y sus trabajadores. “No se entiende que el reclamo se dirija hacia el Gobierno de la Provincia”, advirtió.
Tras recordar que “se trata de un reclamo por pago de sueldos, aguinaldo y obra social”, indicó que el gobierno “sólo interviene en lo que respecta al pago del subsidios con una modalidad acordada a principio de año con los empresarios y que al día de hoy se viene cumpliendo en tiempo y forma”.
También, hizo alusión al pago del abono docente y del BEGU, señalando que “se trabaja para apurar los correspondientes desembolsos”, de los cuales dijo “estaban un poco retrasados”, pero aclaró que “al día de hoy la situación es normal, teniendo en cuenta que intervienen tres ministerios” en el correspondiente proceso administrativo.
El jefe de Hacienda, insistió en que el presente conflicto “es una cuestión netamente privada, entre trabajadores y sus empleadores que son las empresas de transporte, por lo que no se entiende que el reclamo se dirija hacia el Gobierno de la Provincia”.
Por otra parte, llamó a “la reflexión y reanudar la prestación del servicio”, para finalmente asegurar que “el gobierno está dispuesto a seguir escuchando”.
El Gobierno de la Provincia de Jujuy comunica que el paro llevado adelante por la UTA es un conflicto gremial que responde a una disputa entre las empresas y sus trabajadores, por lo cual se rechaza en forma terminante que se tome de rehenes a los usuarios del servicio.
El Gobierno de la Provincia viene cumpliendo puntualmente con el depósito del subsidio al transporte, tal como lo estableció la Resolución N° 1085/18 del Ministerio de Transporte de la Nación. Los jujeños nos estamos haciendo cargo de este servicio desde el mes de Enero/2019, con fondos provinciales.
Transferimos en forma mensual a las empresas 45 millones de pesos, y además nos hacemos cargo del Boleto Estudiantil Gratuito (BEGUP) ($62 millones anuales) y del Abono Docente ($135 millones anuales).
En consecuencia, este conflicto debe resolverse en el marco dispuesto por la ley.
El desconocimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y Empleo por parte de los involucrados en este conflicto privado, generará las sanciones dispuestas por el ordenamiento legal vigente.
Los reclamos laborales deben discutirse en el ámbito correspondiente, por lo cual se rechaza categóricamente esta medida que busca poner presión al Gobierno cuando es responsabilidad de las empresas y sus trabajadores dirimir sus conflictos sin afectar derechos de terceros.
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