Detectan 180 mil certificados de discapacidad activos a nombre de personas fallecidas

En el marco de una auditoría integral sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional aseguró haber detectado que alrededor de 178 mil personas fallecidas continúan figurando como beneficiarias activas del Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que encendió alarmas internas y abrió la puerta a eventuales acciones judiciales.

Según confirmaron fuentes oficiales, el hallazgo surgió tras el cruce de datos entre la ANDIS y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo dependiente del Ministerio del Interior. La revisión se dio en una semana marcada por el debate en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que finalmente no será derogada por el Poder Ejecutivo.

La investigación se profundizó luego de la salida del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, envuelto en una fuerte polémica tras la difusión de audios en los que se lo escucharía hablar sobre un presunto circuito de coimas. No obstante, en los últimos días, el exfuncionario presentó ante la Justicia un informe pericial en el que sostiene que dichos audios habrían sido manipulados mediante inteligencia artificial.

Tras su salida, el sanitarista Alejandro Vilches fue designado como interventor y, durante el proceso de revisión, detectó las irregularidades que derivaron en la baja inmediata de los certificados observados. En paralelo, en Casa Rosada analizan judicializar tanto a quienes continuaron percibiendo beneficios como a los prestadores involucrados.

“Es una estafa lisa y llana al Estado”, afirmó una fuente oficial con conocimiento directo del proceso, al tiempo que explicó que se avanzará en el cotejo entre las personas fallecidas y los prestadores que facturaban servicios. “La hipótesis más firme es avanzar legalmente contra los prestadores”, agregaron.

El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que acredita la condición de discapacidad y habilita el acceso a diversas prestaciones estatales. Su otorgamiento depende de una Junta Evaluadora Interdisciplinaria, encargada de analizar cada caso.

La auditoría sobre la ANDIS fue impulsada el pasado 28 de agosto e incluyó, además, una revisión de contratos internos, luego de que Spagnuolo denunciara presuntos pedidos de coimas que involucraban a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al operador político del oficialismo en el Interior, Eduardo Lule Menem. Los resultados finales del proceso aún no fueron cerrados y podrían darse a conocer hacia el final del primer trimestre de 2026.

En Balcarce 50 las críticas hacia el exfuncionario se multiplicaron tras la viralización de los audios. Desde el entorno presidencial aseguran que Spagnuolo reportaba escasamente la gestión del área y que las revisiones internas debieron haberse realizado desde el inicio del mandato de Javier Milei.

Las inconsistencias detectadas también reactivaron el debate interno sobre la posibilidad de quitarle autonomía a la ANDIS y transferirla al Ministerio de Salud, alternativa que finalmente fue descartada. Sin embargo, el informe preliminar reveló otros datos sensibles, como un aumento del 27% en la compra de medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, lo que generó nuevas alertas dentro del Ejecutivo.

Hacia el cierre del año, el Gobierno intentó avanzar con la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad a través del Presupuesto 2026, iniciativa que encontró resistencia en Diputados. Con dictamen ya emitido en el Senado, el oficialismo ahora evalúa desistir de la derogación y avanzar en modificaciones parciales al texto vigente, en busca de un nuevo consenso político.