Denuncian a la AFA: «Dónde está la plata de la Selección?»

La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la que solicita la apertura de una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la gestión institucional y financiera del organismo que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La presentación apunta a posibles violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la entidad sudamericana, en un contexto donde ya existen causas judiciales abiertas en la Argentina por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial. La semana pasada, incluso, la sede de la AFA fue allanada en el marco de una de esas investigaciones.

Según la denuncia, basada en documentación oficial y expedientes judiciales en trámite, existiría un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales de alto valor que pondrían en duda la transparencia y la integridad de la actual conducción del fútbol argentino, en contravención a los estándares de gobernanza exigidos por la CONMEBOL a sus asociaciones miembro.

Uno de los ejes centrales del planteo es la causa judicial que involucra a la firma Real Central S.R.L., integrada formalmente por Luciano Pantano, inscripto como monotributista, y Ana Lucía Conte, jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal. De acuerdo con la presentación, la empresa habría sido utilizada como vehículo para la tenencia de bienes que no se condicen con la capacidad económica declarada por sus titulares.

Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, haras con caballos de alta competencia y una importante colección de vehículos de lujo. La secuencia dominial del inmueble resulta llamativa: fue adquirido en 2017 por Carlos Tévez, pasó en 2023 a manos de Malte S.R.L. —proveedora oficial de la AFA— y, menos de un año después, fue transferido a Real Central S.R.L., cuyos socios fueron señalados en la causa como presuntos testaferros.

La denuncia también señala que los gastos de mantenimiento de la propiedad se encontraban a nombre de Wicca S.A.S., firma vinculada a la exsecretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al exdirector general ejecutivo del organismo, Juan Pablo Beacon.

Otro aspecto cuestionado es el sistema de contrataciones directas. Según consta en el Boletín N.º 6089 de la AFA, con fecha 25 de marzo de 2022, Malte S.R.L. fue contratada sin licitación por aproximadamente USD 550.000 para completar la instalación del sistema VAR. Si bien el documento oficial destaca su trayectoria como proveedora, la denuncia sostiene que existen vínculos societarios y personales con exdirectivos del organismo.

El crecimiento patrimonial de Real Central S.R.L. es otro de los puntos subrayados. Informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporados al expediente judicial indican que la firma declaró la titularidad de más de 59 vehículos de lujo, entre ellos Porsche, Ferrari, Audi R8, BMW y Mercedes-Benz, además de automóviles clásicos. Durante los procedimientos judiciales se secuestraron 45 autos de alta gama, siete motocicletas y dos kartings, todos registrados a nombre de la sociedad. Según la presentación, este perfil patrimonial resulta incompatible con la actividad declarada de la empresa, dedicada formalmente al transporte urbano y suburbano.

En paralelo, la denuncia menciona una causa federal vinculada a la firma Sur Finanzas, relacionada con Claudio Tapia. En ese expediente se realizaron más de 30 allanamientos simultáneos en sedes de la AFA y clubes de fútbol, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal. La causa alcanza a 17 clubes y analiza un esquema de préstamos sobredimensionados que habría permitido canalizar fondos de origen ilícito hacia circuitos formales.

A estas investigaciones se suman observaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), que detectó ocho años de estados contables de la AFA sin aprobación, con partidas observadas por más de USD 111 millones, incluyendo gastos administrativos, pagos al Colegio de Árbitros, erogaciones de selecciones nacionales y aportes a FIFA y CONMEBOL. Además, la DGI presentó denuncias por presunta apropiación indebida de tributos y contribuciones por un monto superior a 7.000 millones de pesos.

La presentación sostiene que el Tribunal de Ética de la CONMEBOL es plenamente competente para intervenir, independientemente de las causas judiciales en curso en la Argentina, y subraya que la existencia de investigaciones penales refuerza el deber institucional de analizar si las conductas denunciadas afectan los principios éticos y de gobernanza del fútbol sudamericano.

Finalmente, Bullrich solicitó la apertura de una investigación preliminar, la evaluación integral de las conductas denunciadas y la adopción de las medidas que correspondan, incluidas eventuales sanciones disciplinarias. Además, dejó constancia de que la denuncia podrá ser ampliada en caso de surgir nuevos elementos probatorios durante el avance de las causas en trámite.