Aunque se esperaba la asistencia del presidente de la empresa estatal, Fabián Lombardo, su ausencia fue justificada “por cuestiones de agenda”. Los gremios rechazaron firmemente la privatización, mientras los funcionarios del Gobierno defendieron la medida señalando el déficit y “despilfarro” de recursos de la aerolínea.
Durante su intervención, Rolandi criticó la actual gestión de la empresa, acusándola de operar con un déficit que equivale a “900 aviones”. Además, comparó la situación con la monarquía francesa, argumentando que la dirigencia actúa como si fuera “el Estado”. Mogetta, por su parte, justificó la necesidad de privatización para que Aerolíneas compita en igualdad de condiciones con otras aerolíneas y destacó que la empresa ha sido subsidiada con 8.000 millones de dólares por el Estado.
El debate se intensificó cuando Mogetta calificó de «delincuentes» a algunos de los trabajadores en huelga, lo que provocó fuertes reacciones del bloque opositor, especialmente de la bancada kirchnerista. Legisladores de Unión por la Patria y de la izquierda defendieron el rol social de Aerolíneas, destacando su importancia para la conectividad de destinos no rentables y acusando al Gobierno de buscar revancha contra los gremios.
Hernán Lombardi (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), impulsores de los proyectos de privatización, argumentaron que la aerolínea ha sido un “cepo al turismo” y que es insostenible seguir financiando sus operaciones con fondos públicos. Lombardi subrayó la urgencia de resolver la situación en medio de las tensiones con los gremios aeronáuticos. Mientras tanto, los gremios se manifestaron en las inmediaciones del Congreso en rechazo a la iniciativa.
El oficialismo busca avanzar rápidamente con el dictamen, aunque se anticipa que habrá divisiones internas y resistencias dentro del propio arco opositor. En paralelo, el Gobierno ya está en conversaciones con empresas privadas extranjeras para asumir la operación de la aerolínea si continúan las medidas de fuerza del personal aeronáutico.
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