Organizado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Cámara de Comercio Argentino Canadiense, se llevó a cabo un fructífero diálogo sobre la actualidad del sector y sus perspectivas.
En esta oportunidad también se dejó en claro el posicionamiento de numerosos funcionarios públicos y actores del sector, en relación con las diferentes versiones que circularon sobre proyectos de nacionalización del litio y/o declaración de éste como “recurso estratégico”. Participaron del seminario el secretario de Minería, Alberto Hensel, y el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros, Alberto Carlocchia, entre otros actores del sector y un amplio público en donde estuvieron integrantes de Cámara Minera de Jujuy.
Argentina y Jujuy cuentan con un interesantísimo potencial minero, es decir que hay una gran cantidad de recursos geológicos que potencialmente pueden ser transformados en recursos para el desarrollo de proyectos. Para que esto suceda se debe contar con importantes inversiones (millonarias en dólares) en proyectos mineros.
Desde Cámara Minera de Jujuy sostenemos que esas inversiones, hoy en día, necesitan del impulso y el sostenimiento de condiciones jurídicas y políticas estables. Estamos en un gran momento para atraer inversiones para la minería: poseemos recursos geológicos de gran demanda, tenemos mano de obra especializada, contamos con el desarrollo de un plan estratégico minero en el que nos involucramos fuertemente junto a distintos sectores y poseemos capacidad para seguir creciendo tanto en proyectos actuales como en proyectos a futuro. Pero los recursos no representan riqueza alguna si no son desarrollados, si no son evaluados y se factibiliza su desarrollo como tales.
Esto es una realidad concreta: los inversores buscan oportunidades en países donde se respeta la legislación existente, ya que ello constituye lo que conocemos como “seguridad jurídica”. Los cambios de reglas sólo sirven para expulsar en lugar de atraer inversiones (capitales). Así también lo comprende el gobierno provincial, al respecto el secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Miguel Soler, sostuvo que se debe afianzar la actividad con su desarrollo, y no con este tipo de proyectos que causan controversias en la actividad.
En relación a los trascendidos sobre proyectos de nacionalización o “declaración de recurso estratégico” del litio, estos planteamientos, no hacen más que dar cuenta de un gran desconocimiento del desarrollo del recurso en cuanto a financiación, tecnologías de extracción disponibles y en estudio, mercado de oferta y demanda del mineral, al menos para mencionar algunos de los indicadores cuyo estudio y gestión son necesarios para pasar del recurso en bruto a una potencial cuantificación como reserva.
La posibilidad de que se lleve adelante un proceso de nacionalización del litio, no sólo atenta contra la legislación vigente (art. 124 Constitución Nacional), sino que además pone en peligro las inversiones de las compañías mineras existentes, alejando además a la Argentina de los planes de inversiones a futuro. Las provincias en torno a la Mesa del Litio (Jujuy, Salta y Catamarca) se han expedido también en éste sentido con una clara postura: los recursos naturales como el litio pertenecen al Estado provincial en donde se encuentran.
Retornando al Seminario, numerosos participantes le consultaron sobre el particular al Secretario de Minería de Nación, Alberto Hensel, quien se pronunció al respecto: “nosotros no creemos en la nacionalización en el sector minero, no estamos de acuerdo en la declaración de recurso estratégico, ni con la nacionalización ni con la estatización de nada. El Estado tiene que estar para promover ese enorme potencial (los recursos geológicos), ponerlo en acto, a través del esfuerzo de los inversores. El gran desafío que nos genera la minería, el desafío que nos genera la inversión extranjera directa es en qué porcentaje somos capaces con trabajo argentino, conocimiento argentino, innovación argentina, capacidad argentina, de participar en el costo de producción de una onza de oro, una onza de plata o una tonelada de carbonato de litio”.
Hensel también se refirió a “YPF Litio” y al respecto sostuvo “YPF es una empresa público-privada, es decir una empresa con participación pública pero que se maneja con estándares internacionales y que, así como lo hace en el mercado de los hidrocarburos, compitiendo con otras compañías, potencialmente lo podría hacer dentro del mercado del litio o de la minería en general. El planteo de una YPF Litio o YPF minera nada tiene que ver con estatización alguna”.
En igual sentido se manifestó Alberto Carlocchia de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), quien sostuvo “son momentos en los que debemos concentrar nuestros esfuerzos para impulsar estrategias de apertura al mercado externo, en búsqueda de que el país reciba las divisas que tanto necesita para poner en acto todo nuestro potencial de litio. Debemos evitar poner en riesgo esta posibilidad concreta dando señales confusas a los inversores acerca de estatizaciones”.
Por su parte, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, en declaraciones de ésta semana, precisó que “la decisión de explotar o no la minería depende de las provincias; ellas son las propietarias de esos recursos. Lo que nosotros apoyamos desde nuestro lugar es que la minería se desarrolle bajo los preceptos de sustentabilidad ambiental y desarrollo inclusivo en términos productivos y de cadena de valor.
Queremos destacar la importancia de generar un buen marco de discusión social, con base científica. Por eso desde el inicio de la gestión hemos lanzado el Plan Estratégico de Desarrollo Minero y hemos convocado a todos los sectores, empresas productoras, sindicatos, académicos y, por supuesto, grupos ambientalistas porque también nosotros lo somos. Queremos un desarrollo más armónico y la minería es un aliado ineludible de la estrategia de reconversión ambiental. Hay que ser muy claros: o estamos a favor de la revolución verde o estamos en contra de la minería. Las dos opciones no son posibles”.
Queda claro que la visión de diferentes actores, tanto del sector privado como del público, es coincidente en que solo será posible atraer mayores inversiones que contribuyan con el crecimiento del país, garantizando la seguridad jurídica y la gestión minera bajo altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza. Éste es el sentido que tanto promovemos al accionar de las empresas del sector en nuestra provincia, desde la Cámara Minera de Jujuy.
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