La situación judicial en torno a los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos entra en una etapa decisiva. La Cámara Federal de Casación Penal analiza los recursos contra la orden de decomiso de 111 propiedades vinculadas a la causa Vialidad, mientras el tribunal que dictó la condena dispuso nuevas medidas antes de resolver otro pedido fiscal que incluye casi cinco millones de dólares.
Entre los bienes en discusión se encuentran 19 inmuebles ubicados en Santa Cruz registrados a nombre de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, cuya situación será evaluada por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
El proceso se desarrolla en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a empresas del empresario Lázaro Báez.
En ese fallo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 estableció un decomiso destinado a recuperar el dinero considerado perjuicio para el Estado. La suma, ya confirmada por Casación, asciende a $684.990.350.139,86.
Para avanzar en la recuperación de ese monto, el tribunal dispuso inicialmente el decomiso de 111 inmuebles que podrían ser rematados para cubrir parte de la cifra.
La defensa de la ex presidenta, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionó la decisión judicial y sostuvo que avanzar sobre bienes de los hijos de la ex mandataria sería una medida “arbitraria” y contraria a los principios constitucionales que rigen la ejecución penal.
Según el planteo, el monto del decomiso aún no estaría firme porque existen recursos pendientes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, argumentaron que las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner serían bienes adquiridos de forma legítima por terceros y que no correspondería su decomiso.
Los abogados también cuestionaron el criterio aplicado por el tribunal, al considerar que se utilizó un “modelo de decomiso amplio” que no estaría previsto en el artículo 23 del Código Penal. Según su postura, esa interpretación permitiría afectar bienes que no tienen relación directa con el delito investigado y convertiría el decomiso en una forma de confiscación encubierta.
En contraste, el fiscal ante Casación, Mario Villar, defendió la medida al señalar que la condena quedó firme en junio de 2025 y que el decomiso es parte del proceso destinado a recuperar los fondos generados por la maniobra de corrupción.
El funcionario sostuvo que esta herramienta es “indispensable para asegurar la eficacia material de la condena”, especialmente en casos complejos de corrupción. Desde su perspectiva, el eventual remate de los bienes constituye una respuesta proporcional frente al daño económico causado al Estado.
Mientras Casación analiza los recursos, el tribunal oral avanza en paralelo con un nuevo planteo presentado por los fiscales de la causa, Diego Luciani y Sergio Mola, que busca ampliar el alcance del decomiso.
En esa solicitud se identificaron 141 inmuebles, 46 vehículos y distintas sumas de dinero que también podrían quedar alcanzados por la ejecución de la sentencia.
Entre los bienes mencionados figuran diez propiedades vinculadas a la empresa Los Sauces S.A. —tres en la Ciudad de Buenos Aires y siete en Santa Cruz— y tres inmuebles relacionados con Hotesur S.A., sociedades vinculadas a la familia Kirchner.
Uno de esos bienes es el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario.
Uno de los puntos más sensibles del nuevo pedido fiscal es el dinero registrado a nombre de Florencia Kirchner.
La fiscalía solicitó avanzar con el decomiso de USD 4.664.000 guardados en una caja de seguridad, además de USD 992.134 depositados en una cuenta bancaria, junto con una suma menor en pesos. Todos esos fondos se encuentran actualmente embargados.
Antes de resolver sobre el planteo, el tribunal dispuso medidas para verificar la titularidad de los bienes y su eventual relación con las sociedades investigadas.
Una vez completadas esas diligencias, se dará intervención a las partes para que presenten sus argumentos. En paralelo, Casación se encamina a decidir si confirma o modifica el decomiso inicial de las 111 propiedades.
La disputa judicial podría escalar hasta la Corte Suprema e incluso a tribunales internacionales, según anticipó la defensa de la ex mandataria.
Por los montos involucrados y la relevancia política de sus protagonistas, el proceso es considerado uno de los más complejos e inéditos en la historia reciente de la Justicia argentina.
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