La fiscalía federal afirmó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibía dinero ilegal en sus domicilios durante su gestión, en el marco del juicio oral por la causa Cuadernos. La imputación, leída en la quinta jornada del debate, la ubica como figura central de la estructura delictiva investigada, según el requerimiento firmado por el fiscal Carlos Stornelli.
De acuerdo con la acusación, Cristina Kirchner “tomaba posesión final de la mayoría del dinero” aportado por empresarios, mientras que su departamento de Uruguay y Juncal, en Recoleta, habría funcionado como uno de los principales puntos de almacenamiento de los fondos provenientes de sobornos.
La lectura de los 678 páginas del requerimiento concluyó este jueves con el detalle de los cargos para cada uno de los 86 imputados, entre ellos la ex mandataria, procesada como presunta jefa de una asociación ilícita y por 22 hechos de cohecho.
Según la fiscalía, el esquema involucraba al ex funcionario Roberto Baratta como responsable de coordinar y recibir inicialmente los pagos, mientras que Héctor Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, actuaba como un intermediario directo en el traslado del dinero hacia la ex presidenta.
Imputados colaboradores aportaron declaraciones que, según la acusación, ratifican la participación de Cristina Kirchner en la recepción de fondos. Entre ellos, el ex titular del OCCOVI, Claudio Uberti, afirmó que vio alrededor de 20 valijas en un departamento de los Kirchner y que Muñoz le comentó que su destino final era la vivienda familiar de Río Gallegos, donde habría bóvedas instaladas.
El requerimiento también mencionó otros destinos utilizados para guardar el dinero: la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y el departamento de Recoleta, señalado como uno de los principales puntos de acopio.
Las anotaciones del chofer Oscar Centeno sustentan un listado de pagos que habrían sido entregados entre 2008 y 2010 por empresarios como Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Gerardo Ferreyra, entre otros.
El Tribunal Oral Federal 7 continuó con la lectura del requerimiento fiscal en la causa central y otros expedientes conexos sobre presuntos sobornos vinculados a la obra pública. Las audiencias se realizan dos veces por semana, de manera virtual, mientras se evalúa una posible mudanza del juicio a Comodoro Py para dotarlo de mayor presencialidad desde diciembre.
La ex presidenta sigue las audiencias vía Zoom desde el departamento de la calle San José, donde cumple arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad.
El proceso prevé llegar a las declaraciones indagatorias en febrero de 2026, etapa en la que todos los acusados deberán presentarse ante los jueces para confirmar sus datos personales, declaren o no.
Actualmente, otros ex funcionarios también enfrentan el juicio desde prisión, como Julio De Vido y Ricardo Jaime, ambos detenidos por sus condenas en la tragedia de Once.
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