Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti,
Cristina Kirchner irá a prisión y quedó inhabilitada de por vida: la Corte confirmó su condena en la causa Vialidad
La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, dejándola firme e inapelable. La ex presidenta fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, acusada de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras públicas a empresas vinculadas a Lázaro Báez. Además, se ordenó el decomiso de bienes por unos 84.000 millones de pesos.
Es la segunda vez, desde el retorno de la democracia en 1983, que un ex presidente argentino recibe una condena judicial firme. El primer caso fue Carlos Menem.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron por unanimidad los recursos presentados por la defensa, utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, con fundamentos por su trascendencia institucional.
Arresto domiciliario y exclusión electoral
El Tribunal Oral Federal N.º 2 deberá ahora definir cómo se hará efectiva la pena. Por tener más de 70 años, Cristina Kirchner podría recibir arresto domiciliario. Queda además fuera de carrera para cualquier cargo electivo, incluyendo las legislativas en las que pretendía postularse por una banca provincial.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron su detención inmediata. En tanto, la defensa ya anunció que llevará el caso ante tribunales internacionales.
Fundamentos de la Corte
La Corte consideró que la sentencia de Casación se basó en una “profusa prueba” y fue dictada conforme a derecho. Rechazó los planteos de arbitrariedad y las objeciones procesales formuladas por la defensa, a la que cuestionó por no presentar argumentos jurídicos sólidos ni refutaciones específicas a los fallos anteriores.
Según los ministros, se acreditó que Cristina Kirchner tuvo participación directa en la maniobra y que existió ánimo de lucro, descartando que otros funcionarios pudieran diluir su responsabilidad.
Además, desestimaron los cuestionamientos sobre supuesta falta de imparcialidad en el proceso, por carecer de sustento concreto.
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