Cerrarán otros dos organismos públicos y serán despedidos 900 empleados

Según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, se procederá a la eliminación de estos dos entes como parte de la política de reducción de gastos, que ya incluyó el desmantelamiento del INADI y la agencia estatal de noticias Télam.

Adorni declaró: «Tras una evaluación de datos alarmantes, hemos constatado que tanto el Instituto como el Consejo contaban con un total de 964 empleados. Estos serán reducidos drásticamente a solo 64 empleados en una dirección unificada. Esto implica la eliminación de 900 puestos de trabajo, lo que generará un ahorro de 9000 millones de pesos».

Al justificar la medida, Adorni criticó el excesivo gasto público y detalló: «Ambos organismos contaban con 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y un tercio de los empleados eran delegados. Además, disponían de 204 vehículos y el 85% del presupuesto se destinaba al pago de salarios, casi convirtiéndose en una agencia de empleo político».

Adicionalmente, señaló que se transferían fondos de manera discrecional y que estas entidades interactuaban con organizaciones sociales y municipios. Adorni agregó: «La ineficiencia de estos organismos se evidencia en la ausencia de reclamos por parte de productores o trabajadores del campo».

El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena había sido creado por decreto (729/2022) durante la gestión de Alberto Fernández a finales de 2022. Era un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera, que estaba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, que ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar.

Este anuncio tiene lugar, además, tras la denuncia contra Pérsico por “fraude a la administración pública” que realizó el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, luego de detectar que la Oficina Anticorrupción había dictaminado en su contra en un expediente en el que se lo señala por ubicarse como “juez y parte” a la hora del reparto de fondos de ayuda social. Lo acusan de haber entregado partidas millonarias a organizaciones que él mismo dirigía.

Pérsico es reconocido por ser el líder del Movimiento Evita. Durante su paso por el gobierno nacional, tenía a su cargo la administración de millonarias partidas de fondos públicos destinados a la asistencia de organizaciones que, a su vez, buscaban contener la situación de pobreza en barrios y sectores precarizados de la ciudadanía. El movimiento que él fundó se encontraba entre los receptores de esos fondos.

Según la denuncia de la actual gestión, aprovechó su cargo “para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”.

Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, la nueva gestión planteó como principio la política de eliminar la intermediación en el reparto de la ayuda social que el gobierno vuelca con recursos públicos. Esto significó el recorte de todas las partidas que recibían organizaciones civiles, como las que los movimientos piqueteros administraban, que no formaban parte del Poder Ejecutivo.

En ese marco, el gobierno señaló, a través de la reciente denuncia, que Pérsico hacía exactamente lo contrario: en calidad de funcionario, adjudicaba fondos a un movimiento como el Evita, que conducía de facto él mismo.

“Habiéndose acreditado que los fondos en cuestión han salido de las arcas del Estado para luego ingresar en el patrimonio de las mencionadas organizaciones (cooperativas o federación de cooperativas) queda de este modo configurado el requisito del tipo objetivo de la figura bajo análisis en cuanto precisa la existencia de un daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública”, sostiene la denuncia.