Un fallo del juez subrogante Lucas Taboada encendió la polémica en Tucumán al disponer una medida cautelar que restringe el trabajo de la empresa Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y de sus periodistas, a quienes se les impide realizar críticas o comentarios sobre el accionar de funcionarios judiciales de la provincia.
La resolución, con fecha del 4 de noviembre, responde a una denuncia presentada por el ministro fiscal de la Corte Suprema provincial, Edmundo Jesús Jiménez, quien acusó al medio y a su director, Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, de llevar adelante una “campaña de hostigamiento y desprestigio” contra fiscales y magistrados. Según el fallo, esa supuesta campaña habría utilizado “una apariencia de ejercicio legítimo de la libertad de expresión” para desacreditar al sistema de justicia local.
Durante seis meses, el canal y su personal —conductores, productores y comunicadores— tienen prohibido difundir en televisión, radio o redes sociales contenidos que “injurien, desacrediten, tergiversen o distorsionen la actuación” de fiscales y jueces. El incumplimiento de la medida será sancionado bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
En su resolución, Taboada sostiene que CCC difundió expresiones “tendenciosas y maliciosas” destinadas a “socavar la confianza pública en la administración de justicia”, mediante programas de opinión y publicaciones digitales. Jiménez, por su parte, consideró que el medio afectó el normal ejercicio de sus funciones y las de los fiscales que dependen de él.
El conflicto surgió tras una serie de entrevistas y coberturas emitidas por la señal, donde se cuestionó la actuación de fiscales en causas de alto impacto público.
Consultado sobre el tema, el gobernador Osvaldo Jaldo evitó pronunciarse en contra de la decisión judicial y pidió “respetar la independencia de poderes”. “Como gobernador soy respetuoso de las decisiones del Poder Judicial. Si alguien considera que la medida es injusta o atenta contra la libertad de prensa, existen las vías judiciales para revertirla”, sostuvo.
El fallo fue ampliamente repudiado por organizaciones de prensa y derechos humanos. La Asociación de Prensa de Tucumán (APT) advirtió que se trata de “un atentado directo a la libertad de prensa y al derecho ciudadano a estar informado”. En un comunicado, recordó que tanto la Constitución Nacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíben expresamente toda forma de censura previa, directa o indirecta.
“La libertad de expresión incluye el derecho a criticar la gestión de los funcionarios públicos, especialmente en asuntos de interés general. Solo pueden existir responsabilidades ulteriores fijadas por ley y de forma proporcional”, indicó la entidad.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también rechazaron la decisión, al considerar que “afecta el derecho a la información de la ciudadanía y representa un acto de censura previa contrario a los principios democráticos”.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) sumó su voz al reclamo, al señalar que “la democracia tucumana atraviesa un proceso de degradación institucional que parece no encontrar límites”. La organización sostuvo que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público Fiscal “se han convertido en agentes de restricción de derechos”, recordando casos previos de censura y persecución judicial en la provincia, como la destitución del juez Enrique Pedicone en 2021.
Antecedentes de tensión
El ministro fiscal Edmundo Jiménez, actual jefe de los fiscales, ocupó entre 2003 y 2014 el cargo de ministro de Gobierno y Justicia durante la gestión de José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por delitos sexuales y hoy bajo arresto domiciliario en Buenos Aires.
En meses recientes, Jiménez también fue cuestionado por el diputado nacional Carlos Cisneros (Unión por la Patria), quien lo acusó de diseñar “maniobras judiciales” para proteger a personas denunciadas por violación.
Una medida que reaviva el debate sobre la libertad de expresión
La decisión judicial contra CCC reabrió la discusión sobre los límites del Poder Judicial frente al trabajo periodístico. Para los gremios y organismos de prensa, el fallo constituye un bozal judicial inaceptable que vulnera garantías constitucionales.
Mientras tanto, el medio afectado evalúa las acciones legales que permitan revertir la medida y volver a ejercer plenamente su labor informativa en Tucumán.
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