El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Buenos Aires ordenó el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990 millones en el marco de la causa por administración fraudulenta contra el Estado.
La medida, firmada este 18 de noviembre de 2025, alcanza a Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, los demás condenados, y también a Máximo y Florencia Kirchner, en calidad de titulares de propiedades identificadas durante la investigación.
La sentencia de la causa Vialidad quedó firme el 10 de junio de 2025 y había fijado inicialmente un decomiso de $84.835 millones. El monto fue actualizado tras un peritaje contable de especialistas de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal, que verificaron el valor real de los bienes alcanzados.
El tribunal intimó a los condenados a abonar el monto actualizado, pero ante el incumplimiento dispuso avanzar con la incautación.
Qué bienes incluye el decomiso
El listado abarca:
Propiedades y activos de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hermanos, y Loscalzo y Del Curto.
Inmuebles transferidos a Máximo y Florencia Kirchner.
Bienes de otros condenados como Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich, en caso de que lo anterior no alcance para cubrir el monto.
La fiscalía identificó los bienes adquiridos entre 2003 y 2015, período en el que —según el fallo— se ejecutó la maniobra de direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz en beneficio de Báez y de la familia Kirchner.
Los abogados de los condenados pidieron rechazar la medida alegando:
Falta de prueba sobre el origen ilícito de los bienes.
Violación de principios constitucionales.
Inclusión de propiedades previas a la actividad pública.
Alcance de bienes ya analizados en otras causas con sobreseimientos.
El TOF 2 rechazó los planteos y sostuvo que la sentencia firme acreditó beneficios económicos directos e indirectos para Báez y los Kirchner a través de contratos de obra pública adjudicados de manera irregular.
El tribunal citó normativa nacional e internacional, como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que obliga a los Estados a recuperar activos derivados de delitos de corrupción.
Además, ordenó:
Registrar los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
Comunicar la decisión a la Corte Suprema, que deberá definir el destino final de los inmuebles.
La prioridad será la reparación del daño causado al Estado. La fiscalía podrá seguir identificando nuevos bienes susceptibles de decomiso durante la ejecución de la sentencia.
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