El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, solicitó que se confirme el decomiso fijado en $684.990 millones, monto que representa el perjuicio al Estado por el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La medida alcanza a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros condenados en la causa Vialidad, y constituye una pena accesoria por administración fraudulenta.
El planteo de la fiscalía
Villar sostuvo que el decomiso “no es una pena ni una medida de seguridad, sino una consecuencia jurídica autónoma destinada a eliminar las ventajas patrimoniales ilícitas”. Afirmó además que la decisión ya fue debatida y confirmada en todas las instancias, incluida la Corte Suprema, por lo que se encuentra firme y “pasada en autoridad de cosa juzgada”.
Sobre la actualización del monto a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el fiscal remarcó que la metodología se fundamentó en informes periciales y en la necesidad de uniformidad con la sentencia original. También subrayó que ningún perito de parte cuestionó en su momento el uso de ese índice.
Asimismo, rechazó que los recursos presentados por las defensas de Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda puedan incorporar nuevos agravios y descartó otorgar efecto suspensivo a los planteos, lo que hubiese frenado la ejecución del decomiso.
La posición de la defensa
Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, impugnaron la decisión por considerarla “arbitraria, infundada y contraria a la propia jurisprudencia” del tribunal. Señalaron que lo que en 2022 se presentó como una estimación provisoria terminó convertido en un cálculo definitivo, sin posibilidad de discusión por las partes, lo que —según su visión— vulnera el derecho de defensa.
También objetaron que el Tribunal Oral Federal N°2 no explicara por qué descartó los métodos alternativos sugeridos por peritos de la fiscalía y la defensa, ni justificara por qué debía prevalecer el IPC.
Antecedentes del monto
En la condena del 6 de diciembre de 2022, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso habían fijado el decomiso en $84.835 millones. Posteriormente, peritos de la Corte Suprema actualizaron la suma a $684.990 millones aplicando el IPC. En contraste, el perito de parte de la ex vicepresidenta, José Lucas Gaincerain, calculó la cifra en $42.494 millones, apenas un 6% de lo estimado por la Corte.
Los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña deberán resolver en los próximos días si convalidan el planteo de la fiscalía o hacen lugar a los reclamos de la defensa. Beraldi y Llernovoy ya anticiparon que, de ser necesario, recurrirán a la Corte Suprema y a organismos internacionales de derechos humanos.
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