El juicio oral por la causa Cuadernos de las Coimas retomó este jueves su actividad con una jornada clave, marcada por fuertes planteos de nulidad y cuestionamientos a la investigación original. En el marco de la etapa de cuestiones preliminares, las defensas avanzaron con pedidos destinados a invalidar pruebas centrales del expediente antes del inicio del debate de fondo.
Las audiencias se desarrollan ante el Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y continuarán durante todo febrero.
Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue la exposición de Alejandra Gils Carbó, ex procuradora general de la Nación y actual defensora del empresario Gerardo Ferreyra, ex directivo de Electroingeniería. La letrada solicitó formalmente la exclusión probatoria de los cuadernos atribuidos a Oscar Centeno, al sostener que se trata de material “adulterado y falsificado”.
Además, Gils Carbó pidió la nulidad de los legajos de los imputados colaboradores, al considerar que presentan “vicios constitucionales y procesales”, y adhirió a los planteos de inconstitucionalidad contra la Ley del Arrepentido impulsados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta. También dejó planteada la reserva de acudir a la Corte Suprema.
Durante la mañana, el abogado Rodolfo Iglesias, defensor de Nelson Lazarte —ex secretario privado de Roberto Baratta—, solicitó que la Unidad de Información Financiera (UIF) sea apartada como querellante. El pedido se basó en el Decreto 274/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que limitó la capacidad del organismo para intervenir como acusador penal.
Iglesias también cuestionó la incorporación por lectura de las declaraciones de arrepentidos, al sostener que tuvieron un “origen inválido” producto de una supuesta “coacción estatal”. Según el letrado, la causa se apoya en una “prueba circular”, donde “arrepentidos prueban a otros arrepentidos”.
Por su parte, Marcelo Mónaco, abogado del ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain, centró su exposición en el paso del tiempo y la situación personal de su defendido. Remarcó que los hechos investigados datan de 2008 y que el proceso lleva más de 17 años, con una instrucción suplementaria que demandó seis años.
Lascurain, de 79 años, fue encuadrado como persona adulta mayor, por lo que la defensa invocó la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, reclamando un trato judicial prioritario y razonable.
En otro tramo, Mónaco cuestionó el uso de la información aportada por Centeno para imputar a su cliente, al considerar que no se cumple con el requisito legal de que los arrepentidos aporten datos sobre responsables de igual o mayor jerarquía penal.
La defensa del financista Ernesto Clarens, a cargo de Hugo Pinto, abrió la jornada con un reclamo de “indemnidad judicial”, al destacar la relevancia de la colaboración prestada por su cliente. Además, denunció errores en el requerimiento de elevación a juicio, al atribuirle comunicaciones telefónicas con Julio De Vido que —según la defensa— corresponderían a Ángelo Calcaterra.
Pinto pidió que se subsane el error para no afectar la validez del acuerdo de arrepentido y aclaró que Clarens “no conocía ni mantenía contacto” con el ex ministro.
Una etapa decisiva antes del juicio
Las cuestiones preliminares continuarán en las próximas semanas con exposiciones de las defensas de ex funcionarios y empresarios vinculados a la obra pública y al financiamiento político. De lo que resuelva el tribunal dependerá qué pruebas y testimonios llegarán al juicio oral, en una de las causas de corrupción más relevantes de la historia judicial argentina.
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