Durante la cuarta audiencia del juicio por la causa Cuadernos, el Tribunal Oral Federal N°7 avanzó con la lectura de los tramos acusatorios que describen el presunto pago de coimas ligadas a la adjudicación de las obras del actual Centro Cultural Kirchner (CCK). Las referencias apuntan, principalmente, al empresario Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de ESUCO S.A.
En diciembre de 2008, la Unión Transitoria de Empresas ESUCO S.A.–RIVA S.A. obtuvo la licitación para realizar las tareas de restauración, remodelación y puesta en valor del histórico Palacio de Correos, que finalmente se convertiría en el Centro Cultural Néstor Kirchner. El proyecto fue autorizado mediante la resolución MPFIPyS N°1517/2008 por un monto cercano a los $925,8 millones.
Este contrato figura dentro del requerimiento de elevación a juicio porque la fiscalía presume que su adjudicación estuvo vinculada al esquema de recaudación ilegal atribuido a ex funcionarios del kirchnerismo.
El fiscal federal Carlos Stornelli sostiene que Wagner realizó múltiples pagos ilegales entre 2010 y 2015 al entonces subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, señalado como recaudador dentro de la organización. Las entregas —que en algunos casos habrían alcanzado el millón de dólares— figuran en las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
Los encuentros se habrían concretado en la sede de ESUCO, en la calle San José 151, y también en el domicilio de Baratta, en avenida Coronel Díaz. En al menos cinco comunicaciones registradas en 2010, Wagner habría coordinado las entregas directamente con el ex funcionario.
Una de las notas de Centeno del 22 de septiembre de 2010 menciona explícitamente: “Llevamos todo a Uruguay 1306 para entregar a Daniel Muñoz”, en alusión al histórico secretario privado de Néstor Kirchner.
Como imputado colaborador, Wagner reconoció que desde 2004 se implementó un mecanismo según el cual las empresas beneficiadas con obras públicas debían aportar entre el 10% y el 20% del monto contratado como “retorno” para asegurar la adjudicación o continuidad de los proyectos. Afirmó, además, que ese esquema se mantuvo activo hasta el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
El ex secretario de Obras Públicas José López, también arrepentido en la causa, declaró que él mismo supervisó la licitación del CCK. Detalló que la UTE integrada por ESUCO y RIVA resultó adjudicataria en un proceso que —según sus palabras— generó dudas sobre el financiamiento y el nivel de complejidad técnica. Recordó además que el proyecto recibió críticas por su magnitud y costo, calificándose en ese momento como una obra “faraónica”.
Los fragmentos de las declaraciones de los imputados colaboradores son leídos en esta etapa como parte del requerimiento fiscal. Sin embargo, cada acusado deberá ratificar o rectificar su testimonio frente al Tribunal Oral. El proceso incluye a Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 imputados, señalados por integrar o participar en una presunta asociación ilícita dedicada a la recaudación ilegal de fondos durante la gestión del Ministerio de Planificación.
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