A pocas horas del inicio de la audiencia preliminar del jury contra la jueza Julieta Makintach, el fiscal Cosme Iribarren, quien junto a Patricio Ferrari encabezó la acusación en el juicio por la muerte de Diego Maradona, salió al cruce de las denuncias de la magistrada, que lo había señalado por manipulación de pruebas.
En un escrito presentado ante la Justicia de San Isidro, Iribarren defendió la labor del Ministerio Público Fiscal, responsabilizó a Makintach por la nulidad absoluta del juicio y rechazó las versiones sobre irregularidades y ocultamiento de información.
El origen del escándalo
El fiscal recordó que el conflicto estalló el 15 de mayo, cuando en plena audiencia se produjo un sorpresivo cambio en la presidencia del tribunal: el juez Maximiliano Savarino dejó de presidir y Makintach asumió en su lugar. Ese mismo día, la defensa de uno de los imputados denunció la presencia de personas vinculadas a un supuesto documental sobre el juicio, presuntamente autorizado por la magistrada.
La situación generó fuertes cruces. Según Iribarren, todas las partes —incluida la querella de Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona— exigieron identificar a los presuntos realizadores. “Fue un reclamo unánime, y es temerario querer darle un sentido distinto a lo que consta en el registro fílmico”, subrayó el fiscal.
“Ella era la única que sabía”
En su descargo, Iribarren sostuvo que Makintach conocía la identidad y el propósito de las personas que filmaban en el recinto:
“Era la única de los presentes que sabía a ciencia cierta cómo habían entrado, qué hacían, para qué estaban y cuál era su finalidad. Tenía la historia completa que los demás reclamábamos”.
Tras la polémica, un allanamiento confirmó la existencia de material audiovisual —trailers, teasers y un guion— para la producción y comercialización de una serie documental sobre el caso Maradona. Cámaras de seguridad, además, registraron a la jueza acompañando a los realizadores en un día inhábil.
Respuesta a la acusación de ocultamiento
Makintach también había acusado a la fiscalía de retener información. Iribarren lo negó categóricamente y explicó que todas las actuaciones se hicieron públicas en audiencia, bajo el principio de unidad funcional. “Esa información no fue transmitida en forma privada, por el contrario, se compartió ante todas las partes”, sostuvo.
Nulidad y consecuencias institucionales
Para el fiscal, lo ocurrido derivó inevitablemente en la caída del proceso:
“Por imperativo legal, el juicio devino en su nulidad absoluta a consecuencia del accionar de la Magistrada”.
Iribarren concluyó defendiendo el trabajo del Ministerio Público como “objetivo, transparente y ajustado a derecho”, y recordó que trece partes —fiscales, querellas y defensas— coincidieron en la necesidad de apartar a Makintach del juicio.
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