El Gobierno nacional avanza con un proyecto de ley que apunta a endurecer penas y tipificar nuevas modalidades delictivas, en lo que será una primera etapa previa a la reforma integral del Código Penal. La iniciativa es impulsada desde el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, y busca acelerar cambios considerados urgentes en materia de seguridad y justicia.
A diferencia del ambicioso proyecto de reforma total —que supera los 900 artículos—, esta propuesta será más acotada y se enfocará en delitos concretos, incorporando nuevas figuras penales y aumentando sanciones en casos específicos.
Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento del rol de las víctimas. El texto introduce un criterio “pro-víctima”, que obligará a los jueces a considerar su participación en decisiones clave, como la suspensión del juicio a prueba, que pasará a requerir su consentimiento.
En cuanto a seguridad, el proyecto tipifica por primera vez modalidades delictivas como las “viudas negras”, las “salideras”, “entraderas” y los robos cometidos por “motochorros”. Estas conductas tendrán penas que van desde los 2 hasta los 12 años de prisión, con agravantes según el contexto del hecho. En el caso de las “viudas negras”, se incorporará como agravante el uso de sustancias para anular la voluntad de la víctima.
También habrá cambios en delitos económicos: se endurecen las penas para estafas piramidales, con condenas de entre 3 y 12 años, especialmente cuando las víctimas pierdan su dinero.
Otro capítulo importante aborda los delitos migratorios. Se incorporarán figuras como el tráfico ilegal de personas y el fraude migratorio, con penas de hasta 20 años en casos agravados. Además, se sancionará con mayor dureza a extranjeros deportados que reingresen ilegalmente al país y a quienes faciliten estas maniobras mediante redes organizadas o sobornos.
En el ámbito vial, se prevé un aumento de penas para las picadas ilegales, con condenas de hasta 6 años, y mayores sanciones si hay víctimas fatales.
El proyecto también incluye medidas en otros frentes:
Sistema penitenciario: se penaliza la tenencia de armas en cárceles, con agravantes si hay complicidad de funcionarios.
Protección animal: se incorporan delitos de maltrato y crueldad al Código Penal, con penas de hasta 3 años.
Delitos contra menores: se endurecen las penas por grooming, abuso sexual infantil y pornografía infantil, con condenas que pueden alcanzar los 15 años.
Incumplimiento familiar: se castiga con mayor severidad la falta de pago de alimentos y otras obligaciones legales.
Este paquete de medidas forma parte de la estrategia del gobierno de Javier Milei para avanzar con reformas legislativas en el corto plazo, mientras se termina de definir una reforma más amplia del Código Penal que podría demorarse algunos meses más.
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