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ATN y Combustibles: los gobernadores sostienen la presión en el Congreso

La oposición avanza con los proyectos para transferir directamente a las provincias los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Con las firmas necesarias para el dictamen, el oficialismo anticipa una nueva derrota y se prepara para el veto que prometió el presidente Javier Milei

Desde una provincia peronista ratificaron la unidad de criterio: “Seguimos todos y nadie se baja”. Incluso referentes no alineados al PJ confirmaron que no habrá cambios de postura tras el cierre de cualquier negociación por parte del Ejecutivo.

Mañana, a las 10:30, la Comisión de Presupuesto reabrirá el debate sobre uno de los proyectos impulsados por la totalidad de los gobernadores. Un diputado de una provincia del centro adelantó que la firma de dictamen será “un trámite”.

En el oficialismo reconocen que el desenlace es previsible: primero derrota en comisión y luego en el recinto. “Vamos derecho al veto y a buscar los 87 votos que lo sostengan”, señaló un legislador libertario.

Sin embargo, surgieron fisuras en torno al proyecto que elimina los fideicomisos del ICL. La diputada de Unión por la Patria Julia Strada expresó que no apoya retirar los fondos destinados al mantenimiento de rutas de Vialidad Nacional, advirtiendo que si las provincias reciben esos recursos será casi imposible que vuelvan a dicho organismo.

La oposición, que cuenta con 29 de las 49 firmas en Presupuesto —sin incluir a potenciales aliados de la UCR—, tendría mayoría para aprobar el dictamen sobre la modificación de la Ley 11.672 Permanente de Presupuesto en lo referido al reparto de ATN.

El segundo proyecto, en revisión, se debatirá en plenario junto a la Comisión de Energía y Petróleo, sumando un total de 84 miembros. Para el dictamen de mayoría se requieren más de 42 firmas, y la oposición ya alcanzaría 50 sin contar posibles apoyos del radicalismo, el PRO, Liga Federal y LLA.

La estrategia opositora es acumular temas con amplio respaldo para llegar con fuerza a la sesión del 20 de agosto, donde en la última ocasión ganaron 12 votaciones consecutivas al oficialismo.

En caso de aprobación, los proyectos pasarán al Poder Ejecutivo, que tendrá un plazo de 10 días hábiles desde su recepción para promulgar o vetar la ley.

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