Las policías Victoria Cancio y su madre Graciela Molina declaran como testigos en Comodoro Py por un préstamo que dieron a Adorni
La causa judicial que involucra a Manuel Adorni sumó este lunes un capítulo clave, luego de que dos testigos confirmaran ante la fiscalía la existencia de una deuda millonaria en dólares.
Se trata de la comisario retirada Graciela Isabel Molina y su hija, Victoria María José Cancio, quienes declararon ante el fiscal Gerardo Pollicita que el actual jefe de Gabinete mantiene con ellas una deuda de USD 70.000 más intereses, con vencimiento en noviembre de 2026.
Según el testimonio brindado en los tribunales de Comodoro Py, ambas mujeres prestaron en total USD 100.000 a Adorni cuando aún se desempeñaba como vocero presidencial.
Molina aportó USD 85.000
Cancio, USD 15.000
El acuerdo contemplaba un plazo de devolución de dos años, con una tasa de interés anual del 11%, respaldado por una hipoteca sobre un departamento del funcionario.
De acuerdo con lo expuesto ante la fiscalía, Adorni comenzó cumpliendo con pagos mensuales de intereses cercanos a los USD 900, luego reducidos a USD 600.
Además, realizó un pago directo de USD 30.000, lo que redujo el capital adeudado a los actuales USD 70.000, cifra que —según las acreedoras— aún resta cancelar junto con los intereses correspondientes.
El destino del dinero
La investigación indica que el dinero habría sido utilizado para la compra de una propiedad, en una operación en la que también intervino su esposa. Parte de los fondos habrían sido depositados en una entidad bancaria y luego transferidos al vendedor del inmueble.
El fiscal Pollicita busca determinar:
El origen de los fondos prestados
La capacidad económica de las acreedoras
La legalidad de las operaciones inmobiliarias vinculadas
En ese marco, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de todos los involucrados para reconstruir la ruta del dinero.
Nuevas citaciones
La causa continuará en los próximos días con nuevas declaraciones testimoniales, incluyendo a otras personas vinculadas a operaciones inmobiliarias del funcionario, lo que podría ampliar el alcance de la investigación.
En síntesis, el expediente avanza sobre un entramado de préstamos, propiedades y movimientos financieros que ahora están bajo la lupa judicial, con plazos concretos de pago y posibles derivaciones legales para el jefe de Gabinete.
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