Alberto Nisman, víctima de un crimen todavía n0 aclarado
A once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Justicia federal profundiza una de las líneas más sensibles del expediente: la participación de agentes de inteligencia militar y las maniobras que habrían tenido por objetivo desviar la investigación hacia la hipótesis del suicidio. La causa —que ya dio por probado el carácter homicida del hecho— busca ahora identificar responsables directos y determinar si existió un entramado político destinado a encubrir el crimen.
En los últimos meses declararon, bajo estricta reserva, al menos 15 integrantes del área de inteligencia operativa del Ejército que actuaba en 2015, cuando la fuerza estaba bajo el mando del entonces jefe César Milani. Los investigadores lograron establecer que teléfonos pertenecientes a ese grupo fueron activados en las inmediaciones de Puerto Madero el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, previo al hallazgo del cuerpo del fiscal en su departamento de las torres Le Parc.
La fiscalía procura determinar si esos agentes recibieron órdenes que excedían sus funciones legales y si actuaban bajo un esquema de inteligencia interna prohibida por la normativa vigente. Todavía no fueron imputados ni convocados a indagatoria, pero sus datos y patrones de movimiento ya están incorporados al expediente gracias a informes de geolocalización.
En paralelo se activa una línea que apunta a funcionarios judiciales y políticos de entonces por presuntos intentos de encubrimiento. Para la investigación existió un “plan criminal” orientado a desalentar la hipótesis homicida y a instalar la idea del suicidio, con el objetivo de impedir una pesquisa profunda sobre lo ocurrido.
Una pieza central será la declaración indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein, fijada para finales de febrero. Fein fue quien encabezó la investigación inicial en el fuero ordinario, etapa en la que la causa avanzó con demoras, sin cooperación institucional y marcada por tropiezos en la preservación de evidencia.
Para la fiscalía federal, la muerte del titular de la Unidad Fiscal AMIA no puede analizarse aislada de la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán ni del atentado terrorista de 1994. Las tres piezas integran, según los investigadores, una misma secuencia de hechos que buscó ser controlada desde sectores del Estado mediante tareas encubiertas.
De hecho, numerosos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ya declararon sobre órdenes internas para realizar espionaje ilegal sobre la propia fiscalía que investigaba la muerte. También surgieron comunicaciones de altos funcionarios —entre ellos el ministro Sergio Berni y la procuradora Alejandra Gils Carbó— con actores políticos relevantes durante las horas y días posteriores al hecho.
En 2018, la Cámara Federal confirmó que Nisman fue asesinado y descartó el suicidio. El dictamen se apoyó en peritajes interdisciplinarios de Gendarmería, análisis telefónicos y reconstrucciones técnicas. El fiscal murió entre la noche del sábado 17 y la mañana del domingo 18 de enero de 2015, sin contacto telefónico por casi 13 horas.
Pese a once años de trámite, el expediente central cuenta con un solo procesado: el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola calibre .22 desde la que salió el disparo letal. Su rol es investigado como partícipe, mientras que los custodios del fiscal enfrentan acusaciones por incumplimiento de deberes por haber abandonado el perímetro y demorar el aviso.
La escena del departamento en Le Parc —contaminada por movimientos de funcionarios y fuerzas de seguridad— derivó además en imputaciones a Fein, Berni, su ex segundo Darío Ruiz y ex jefes de la Policía Federal y de Prefectura.
Lo que viene
En vísperas del aniversario número once, el presidente Javier Milei ordenó la desclasificación de nuevos documentos de inteligencia del período 2014-2015. La fiscalía, a cargo de Eduardo Taiano y coordinada por el auxiliar Hernán Kleiman, espera que esos archivos contribuyan a identificar mandos, órdenes y responsabilidades.
A pesar del cambio de escenario y el avance en varias líneas, persiste la incógnita central: quiénes ordenaron y ejecutaron el asesinato del fiscal. Para los investigadores, la respuesta está en un reducido grupo que operó el fin de semana previo a su presentación en el Congreso, cuando iba a exponer detalles de su denuncia por encubrimiento en el atentado a la AMIA.
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