Un sindicalista fue denunciado por abusar de una nena de 12 años

El Ministerio de Seguridad bonaerense pide datos que lleven a hallar a Guillermo Orpianesi, acusado de múltiples ataques.

Durante años, Guillermo Luis Orpianesi fue alguien importante en Bahía Blanca. Vinculado al Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne, también fue concejal por el PJ a principios de la década del 90. Todo eso queda en el pasado. Hoy, Orpianesi es un prófugo de la justicia.

Su captura fue declarada el 10 de septiembre de 2018 por el Juzgado de Garantías Nº1 de Bahía Blanca, con una investigación en su contra a cargo de la UFI Nº14 de la jurisdicción encabezada por la fiscal Marina Lara. El delito: abuso sexual gravemente ultrajante, hechos que ocurrieron desde 2016 y hasta 2017. La víctima: una niña, que al momento de los supuestos ataques, señala el periódico bahiense La Nueva, tenía doce años de edad, con hechos que ocurrieron en Bahía Blanca y en Córdoba capital. La declaración en cámara Gesell fue clave para cerrar la imputación.

De cara a las acusaciones contra Orpianesi y su condición de prófugo, el Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció una recompensa bajo estricta reserva de identidad de hasta 250 mil pesos por datos que lleven a su paradero y captura. Quien tenga información al respecto podrá contactar a la fiscalía del caso en la calle Moreno al 25, cuyos teléfonos son (0291) 4500226, 4520611, 4500218 y 4500229. También, en la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas de La Plata, sus teléfonos son 0221-429-3091 y 0221-429-3015.

Esta no es la primera vez que Orpianesi entra en problemas con la ley. En 2016 fue detenido y luego liberado en el marco de una causa por presunto desvío de fondos de su gremio y su obra social. En la casa del sindicalista, que también se dedicó al fútbol en el club Sansinena de su ciudad natal, General Daniel Cerri, se encontraron dos armas de fuego.

En registros previsionales, Orpianesi figura como empleado de la Obra Social de la Federación Gremial de Personas de la Industria de la Carne desde mediados de 1997 hasta al menos abril de este año, seis meses después de que se pidiera su captura según datos publicados por el Ministerio de Seguridad.