La Justicia investigará a Verónica Asad, conocida públicamente como “Pitty, la numeróloga”, tras una denuncia en su contra por presunta defraudación y manipulación de personas en situación de vulnerabilidad con el objetivo de apropiarse de bienes y dinero
La causa quedó en la órbita de la Justicia penal ordinaria luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera un conflicto de competencia y determinara que el expediente sea tramitado por un juzgado criminal nacional y no por la Justicia Federal.
La denuncia
El expediente se inició a partir de una presentación realizada por Pablo Salum, fundador de la organización Red LibreMentes, dedicada a denunciar presuntas prácticas coercitivas vinculadas a sectas y pseudociencias.
Según la denuncia, Asad habría captado a personas en contextos de vulnerabilidad emocional o económica para influirlas psicológicamente y despojarlas de sus bienes. En ese marco, también se solicitó una prohibición de acercamiento.
El antecedente en Comodoro Py
La presentación de Salum se produjo en paralelo con otra causa que tramitó en los tribunales federales de Comodoro Py, vinculada a la contratación de la numeróloga por parte del Banco de la Nación Argentina para el dictado de un curso de coaching.
En ese expediente fueron investigadas la ex presidenta de la entidad, Silvina Batakis, y la entonces gerenta general, María del Carmen Barros, tras una denuncia impulsada por la ex diputada Graciela Ocaña. La investigación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Marijuán, quien imputó a las ex funcionarias por presunto incumplimiento de deberes y defraudación contra la administración pública. Asad también fue imputada en esa causa.
Sin embargo, el año pasado se dictó el sobreseimiento de las imputadas luego de que una auditoría interna del banco concluyera que no existía perjuicio patrimonial para la entidad.
La disputa por la competencia
En cuanto a la nueva denuncia, el juzgado de Instrucción que recibió el planteo hizo lugar a la medida de prohibición de contacto, pero derivó el caso al fuero federal por una posible conexidad con el expediente anterior.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 9 rechazó intervenir al considerar que los hechos eran distintos y escindibles. Ante la controversia, intervino la Corte Suprema, que dio vista al Ministerio Público Fiscal antes de resolver.
Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron con el criterio del Procurador General y determinaron que los hechos denunciados se circunscriben al ejercicio privado de la actividad de la numeróloga, por lo que deben ser investigados por la Justicia penal ordinaria.
De esta manera, la causa continuará su trámite en un juzgado criminal nacional, donde se analizará si existieron maniobras de manipulación y defraudación en perjuicio de sus clientes.
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