Puja judicial por la causa AFA: un fiscal pide que el expediente vuelva al fuero Penal Económico

La investigación por el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares sigue sin juez definitivo. El fiscal general de San Martín apeló el fallo que envió el caso a Campana y busca que regrese a Comodoro Py.

La disputa judicial en torno a la causa que investiga la compra de una lujosa propiedad en Pilar, presuntamente vinculada a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó un nuevo capítulo. El fiscal general ante la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras, apeló la resolución que trasladó el expediente al Juzgado Federal de Campana y solicitó que la investigación vuelva al fuero Penal Económico.

El expediente, que analiza el posible lavado de activos en la adquisición de una mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa y valuada en unos 17 millones de dólares, se inició en los tribunales de Comodoro Py y había sido instruido en una primera etapa por el juez Marcelo Aguinsky. Sin embargo, una resolución de la Cámara Federal de San Martín, dictada el pasado 20 de enero, asignó la competencia al juez de Campana Adrián González Charvay.

Cearras, quien interviene ante la Cámara de San Martín, cuestionó esa decisión y sostuvo que la ubicación geográfica del inmueble no puede ser el único criterio para definir la competencia en una causa por lavado de dinero. En su planteo, remarcó que este tipo de delitos suele involucrar maniobras complejas que exceden un territorio puntual y requieren la intervención de juzgados especializados.

El conflicto de competencia se originó a partir de un pedido de la defensa de Luciano Nicolás Pantano, señalado como presunto testaferro junto a su madre, Ana Conte. Los abogados solicitaron que el caso quedara en manos del juzgado de Campana, al considerar que los hechos investigados se desarrollaron en esa jurisdicción. González Charvay aceptó el planteo y pidió a su par de la Ciudad de Buenos Aires que se inhibiera, algo que Aguinsky rechazó, dando lugar a la intervención del tribunal de alzada.

Para el magistrado del fuero Penal Económico, el delito precedente al presunto lavado sería una administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, cuya sede histórica se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bajo ese argumento, sostuvo que el “centro de maniobras” de la operatoria investigada no estaría en Pilar, sino en CABA, y subrayó la especialidad de su juzgado para abordar delitos financieros complejos.

En línea con esa postura, tanto el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial como el fiscal de Campana Sebastián Bringas habían coincidido en que la causa debía continuar tramitándose en la Capital Federal. No obstante, la Cámara de San Martín resolvió en sentido contrario y priorizó el hecho de que los bienes investigados —la mansión, vehículos de colección, un haras con caballos de alto valor, una pista de entrenamiento equino y un helipuerto— se encuentran en Pilar.

Otro de los puntos considerados por el juez Alberto Lugones para enviar el expediente a la provincia fue el cambio de domicilio registrado por la AFA, que en noviembre del año pasado inscribió una nueva sede en la localidad de Pilar.

El fiscal Cearras también objetó el mecanismo utilizado para dirimir la disputa entre juzgados. A su entender, el Código Procesal Penal establece que la definición de la competencia debía quedar en manos del tribunal superior del juez que intervino originalmente, es decir, la Cámara en lo Penal Económico, y no la de San Martín.

Ahora, la Cámara Federal de San Martín deberá decidir si concede el recurso y eleva la cuestión a la Cámara Federal de Casación Penal. En caso de que la apelación sea rechazada, el Ministerio Público aún podrá presentar una queja directa ante Casación para intentar revertir la asignación del juzgado.

La investigación en curso

La causa busca determinar si se utilizaron sociedades comerciales como estructuras “pantalla” para adquirir los bienes ubicados en Villa Rosa y si el dinero provino de maniobras defraudatorias en perjuicio de la AFA, tal como sostienen las denuncias originales.

Entre las últimas medidas ordenadas por el juez González Charvay, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron procedimientos en el aeropuerto de San Fernando. Allí requisaron el hangar de la empresa Flyzar y secuestraron documentación vinculada a órdenes de vuelo y registros de pasajeros de helicópteros que habrían aterrizado en la propiedad investigada.

En declaraciones previas ante el juez Aguinsky, los pilotos de las aeronaves afirmaron bajo juramento que no conocían al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y explicaron los frecuentes aterrizajes como supuestos “vuelos de entrenamiento”. Esa versión despertó dudas en el ámbito judicial, principalmente por el elevado costo operativo de ese tipo de vuelos sin pasajeros.