Durante una nueva audiencia en el juicio a represores, se escucharon cuatro testimonios presentados por el abogado defensor Carlos Rodríguez Vega, en función de la ampliación de cargos realizados a igual número de acusados durante la última audiencia realizada en 2013.
En esa oportunidad, Antonio Orlando Vargas quedó imputado por homicidio doblemente calificado y los ex agentes penitenciarios Carlos y Ricardo Ortíz, Mario Marcelo Gutierrez y Herminio Zárate, como partícipes necesarios, delitos de privación ilegal de la libertad y torturas. Al ex suboficial César Darío Díaz no le ampliaron acusación. La audiencia 32° quedó prevista para el 3 de abril
Marcelino Reynoso, sub ayudante a cargo de la guardia interna en el Penal de Gorriti, aseguró que los hermanos Ortíz “no infligían tormentos a los prisioneros” pero cuando desde la fiscalía se le pidió que explique qué eran para él tormentos dijo no saber. Su relato fue reiterativo respecto al que ya había dado en otra ocasión.
Simón González, agente en el Comando Radioeléctrico de la policía de la provincia, manifestó no conocer ni a los imputados ni a las víctimas
Juan Mamaní, oficial en el servicio penitenciario, tuvo un relato cargado de dudas y contradicciones. Por ejemplo, para responder a la pregunta de quién lo había convocado, si “los Ortíz aplicaban tormentos” dijo “jamás…. no ví ” Fue tan complejo su relato en cuanto descripción de su propia tarea y responsabilidades que el Tribunal le solicitó en reiteradas oportunidades aclaraciones, le recordó el valor de la palabra en un juicio y la posibilidad de no declarar para no incriminarse. Recalcó que tenían prohibido relacionarse con los detenidos políticos y los datos escritos en los libros de guardia solo son copia de los Memorandum que recibían. Vale decir que no podía dar fé si el 10 de junio de 1976 verdaderamente salieron del penal las personas que figuran entregadas al Ejército o la Policía dentro de su guardia.
Damasio Rodríguez, ex penitenciario, desistió la defensa de su testimonio pero Fiscalía y querellas consideraron que debía ser escuchado. Contó que su superior era Juan Mamaní y que “como jefe de guardia era responsable de todos los pabellones”. También dijo que los militares sacaban o entraban “civiles encapuchados”.
Antes de finalizar la audiencia, el abogado Ariel Ruarte solicitó la detención del testigo Juan Mamaní “por ocultar información” a la que adhirió la doctora Paula Alvarez Carreras diciendo que “es una falta de respeto escuchar testimonios como estos”. También recibió la adhesión del Ministerio Público Fiscal, tras lo cual se produjo un cuarto intermedio.
Al retorno, la Presidenta del Tribunal doctora Fátima Ruiz López, anunció la decisión unánime de la detención de Juan Mamaní según lo observado por el artículo 371 del Código Procesal Penal.