Oficial de la Policía Federal, detenida por «viuda negra»

El 14 de diciembre pasado, Garrido conoció a su víctima en un bar de Plaza Serrano, Palermo. Según la investigación del fiscal Cosme Iribarren, tras compartir tragos, la policía le propuso al hombre pasar la noche juntos en su domicilio. Al día siguiente, la víctima despertó aturdida, con su casa revuelta y varios objetos de valor, junto con su auto, desaparecidos.

El caso quedó en manos de la Sub DDI de Tigre, que halló el vehículo abandonado cuatro días después. Los investigadores identificaron a Garrido, de 29 años, domiciliada en Ciudad Oculta, y descubrieron que trabajaba en la comisaría de la terminal de Retiro. Con estos elementos, la fiscalía ordenó su detención, que se concretó en un operativo conjunto entre la PFA y la Policía Bonaerense a fines de enero.

La policía fue apartada de sus funciones y quedó en situación pasiva, aunque continuó cobrando sus aportes hasta el mes pasado.

El auge de las «viudas negras» y la paradoja del Código Penal

Casos similares se han multiplicado en los últimos meses. A mediados de febrero, el juez Martín Peluso procesó con prisión preventiva y embargo de $30 millones a Juliana J., de 20 años, acusada de drogar y robar a un informático de 46 años en Palermo. La joven, tras captarlo en Tinder y ganarse su confianza durante ocho meses, le sustrajo casi USD 24.000, $1,2 millones, tres computadoras, lentes Gucci y seis botellas de champagne Veuve Clicquot.

Otro caso resonante fue el de Shamira Yoselí, de 18 años, empleada de una estación de servicio en Villa Lugano, detenida por drogar y robar a un turista alemán en el Abasto.

Según la fiscalía, muchas de estas delincuentes provienen de Villa Zavaleta, donde operan con cómplices que las asisten en autos de apoyo.

En las últimas semanas, dos hombres murieron en presuntos ataques de viudas negras: uno en Balvanera y otro en Lanús Oeste, donde un jubilado de 77 años falleció tras ser dopado por una mujer de 62 años.

A pesar de la gravedad de estos hechos, el Código Penal solo permite caratularlos como «robo simple», lo que genera controversia entre jueces y fiscales.