Este lunes por la mañana, un mensaje del Juzgado Federal Nº 1 de Salta capital a cargo del doctor Julio Bavio llegó al despacho de Gabriela Vázquez, presidenta del Consejo de la Magistratura. El texto le anunciaba a Vázquez algo insólito para la Justicia argentina: que un juez federal a cargo de una frontera caliente acababa de ser procesado por beneficiar a narcotraficantes. Raúl Reynoso, magistrado federal a cargo de la jurisdicción de Orán, fue considerado por Bavio como responsable "prima facie" de los delitos de asociación ilícita, prevaricato y concusión, según confirmó el Centro de Información Judicial. Sobre Reynoso, Bavio trabó un embargo por 15 millones de pesos y hasta le declaró la prisión preventiva, algo que hasta ahora no puede ser efectivizado, ya que a Reynoso sus fueros como juez lo protegen.
Hubo otros procesados junto a él: abogados oranenses como René Gómez, empleados de su juzgado que pidieron el viernes pasado a la Justicia una falta de mérito que fue rápidamente negada. Sin embargo, solo el juez de Orán recibió el pedido de prisión preventiva por un motivo sencillo: fue considerado el jefe de la banda. El 7 de diciembre próximo, Reynoso tendrá la chance de explicarse ante el Consejo de la Magistratura mismo. Pero para muchos en Tribunales, su suerte está echada. A Bavio no le tembló el pulso para firmar el fallo de más de 500 páginas: en más de doce causas que pasaron por su firma y su juzgado, Reynoso está sospechado de ayudar a narcotraficantes con sobreseimientos y exenciones de prisión a cambio de dádivas como dinero en efectivo o propiedades.
Durante las últimas semanas, Infobae detalló el desarrollo de la causa en contra del magistrado, a cargo del fiscal salteño Eduardo Villalba y su par Diego Iglesias, jefe de la PROCUNAR, el ala del Ministerio Público Fiscal que combate el narcotráfico. El peculiar caso de José Luis Sejas Rosales, el empresario camionero boliviano al que Reynoso benefició con la figura de partícipe secundario luego de que se hallara cocaína y precursores químicos en uno de sus camiones cisternas, cuya historia este medio reveló en mayo pasado, fue el inicio de las sospechas contra el juez federal, con una investigación iniciada por Adolfo Villatte, predecesor de Iglesias. Así, los testimonios y la evidencia contra el juez comenzaron a apilarse luego de un cruce de datos exhaustivo: su despacho fue allanado y sus expedientes secuestrados.
"Llegamos a esto como producto de un trabajo fuerte y serio hecho con el fiscal Villalba con la colaboración de la PROCUNAR y presentando pruebas sólidas. Eso se demostró: que la evidencia fue contundente", afirma Iglesias.
De cara al procesamiento y a la notificación al Consejo de la Magistratura, el futuro de Reynoso toma forma. Un pedido de desafuero en su contra se vuelve una realidad posible.