Tres juzgados federales de Comodoro Py activaron en los últimos días una serie de allanamientos y pedidos de documentación en el marco de causas penales que investigan maniobras ilegales con la compra de dólares al tipo de cambio oficial y su posterior reventa en el mercado informal durante el cepo cambiario vigente en 2023, antes de las elecciones presidenciales.
Las medidas se concentraron entre Navidad y la víspera de Año Nuevo y alcanzaron a financieras, casas de cambio, inspectores del Banco Central y domicilios particulares, en investigaciones que avanzan en paralelo bajo la órbita de los tribunales federales.
Una de las causas se originó a partir de la confesión de un arrepentido en la investigación que involucra a Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio. En dispositivos electrónicos secuestrados en ese expediente, los investigadores hallaron audios e imágenes que darían cuenta de presuntas operatorias irregulares con el dólar oficial, además de una posible participación de funcionarios del Banco Central.
Ese material derivó en seis procedimientos recientes, que incluyeron un requerimiento de información al Banco Central y allanamientos en domicilios de cinco inspectores. La causa permanece, por el momento, en el juzgado federal N°11, subrogado por Sebastián Casanello, luego de que la Cámara Federal resolviera un conflicto de competencia con otra investigación vinculada al origen de una deuda millonaria atribuida a Piccirillo.
Otra de las investigaciones involucra a Sur Finanzas, la financiera propiedad de Ariel Vallejo, vinculada a contratos de sponsoreo y préstamos con clubes de fútbol y con la AFA. En este expediente, a cargo de la jueza federal María Servini, se ordenaron múltiples allanamientos, entre ellos la vivienda de la madre de Vallejo en Banfield.
La causa se inició a partir de una denuncia que detectó operaciones por aproximadamente 1.400 millones de dólares, realizadas por al menos 18 casas de cambio a través de dos bancos, sin respaldo económico suficiente. La Justicia sospecha que esas divisas habrían sido adquiridas al tipo de cambio oficial para luego ser revendidas con fuertes ganancias.
Según la hipótesis central, se habría montado un esquema de “rulo” cambiario, con una red de intermediarios destinada a ocultar el origen y el destino final del dinero, lo que podría configurar delitos de lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión.
En paralelo, una tercera investigación avanza desde diciembre de 2024 bajo la conducción de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. El viernes 26 de diciembre se concretaron 62 allanamientos, con el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos, grandes sumas de dinero en efectivo y armas de fuego.
En este caso, los investigadores sospechan que entre enero y agosto de 2023 se retiraron cerca de 475 millones de dólares en efectivo desde cinco casas de cambio, como resultado de maniobras similares vinculadas a la compra de divisas al precio oficial durante el cepo.
Las tres causas buscan ahora reconstruir el circuito completo del dinero, identificar responsabilidades individuales y determinar si existió un entramado organizado para aprovechar el diferencial cambiario durante las restricciones impuestas en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández.
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